Una residencia pública baja la cantidad y calidad de la comida "para ahorrar"

Éste va a ser un año duro en lo nutritivo para los 300 mayores que viven en la residencia Manoteras, situada en la calle de Oña, 3, y que gestiona la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. La dirección ha ordenado un drástico recorte de costes que va directo al estómago de los residentes. A partir de ahora, según una nota interior fechada el pasado 25 de febrero, habrá que "limitar el consumo de verduras y frutas", "se tendrán que poner platos más baratos, sobre todo en las cenas", "el aceite servirá para más frituras que las habituales", se comprará "carne de menor categoría de la que se traía habitualmente" y "se pedirá algo menos de pan", entre otras medidas.

Los residentes pagan el 80% de su pensión a la Comunidad de Madrid para vivir en el centro, según un portavoz del Gobierno regional.

La circular fue enviada desde la dirección a todos sus empleados hace una semana en forma de una "nota de régimen interior" y constituye, según la literatura científica y los expertos consultados, un "despropósito de las buenas prácticas en la atención a las personas mayores", sostiene Isabel Gimeno, especialista en nutrición de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG).

La dirección de la residencia justifica en el documento la necesidad de adoptar estas medidas ante el aumento ("más del IPC") de los precios de los alimentos y la optimización de los recursos económicos. Pese a los recortes, la nota especifica que "se garantizará el aporte energético necesario" para los residentes, aunque deja claro que en el comedor y en la cocina "más vale que falte en lugar de que sobre".

"Lo que proponen estas instrucciones", explica Gimeno, "es desequilibrar la dieta. Lo fundamental en personas mayores es una alimentación equilibrada y rica en fibras. Las frutas y verduras son fundamentales. Aportan mucha fibra y si se reduce su peso en la dieta, hay que aumentar el aporte calórico de otros alimentos menos aconsejables".

Carlos Pérez, máximo responsable del asunto por ser el gerente de Bienestar Social de la Comunidad, se declaró anoche "muy sorprendido" al conocer la cuestión por este periódico.Según esta versión, la consejería desconocía las órdenes imperantes en la residencia, que van firmadas por el director del centro, Juan José Araúzo López. que lleva casi 30 años en el cargo.

"Estamos asustados, el director de la residencia sabe de sobra que no puede tomar ese tipo de medidas porque todas las decisiones que tienen que ver con la alimentación de los ancianos tienen que pasar por el departamento médico en Gerencia", añadió Carlos Pérez. Éste aseguró que su departamento ha aumentado "precisamente este año un 5% el presupuesto en alimentación de los centros que gestionamos".

Araúzo López, por su parte, aseguró que el abanico de medidas fueron adoptadas "para que se utilice bien el presupuesto". Un segundo más tarde, el director colgó de malas maneras el teléfono con un "no tengo ganas de comentarle nada".

La gerencia del Servicio de Bienestar Social asegura que estudiará "medidas severas" contra Araúzo López, ya que "ha cometido una falta muy grave, extralimitándose en sus funciones". "También porque en ningún caso se puede ajustar un presupuesto con la alimentación, algo que tiene relación con la salud de los residentes".

Tranquila y limpia

Ayer por la tarde la residencia estaba tranquila, limpia y sus usuarios no se quejaban ni del trato recibido ni de la alimentación. Sin embargo, al menos cinco trabajadoras, ocultas en el anonimato, se quejaban de la falta de personal -una única auxiliar para entre 45 y 60 ancianos por las noches, sólo dos los fines de semana y tres entre semana- y contaban las otras restricciones anunciadas: "En pañales, colonia, gel, galletas de la merienda". Algo que en teoría pagan con creces los ancianos que entregan a la Comunidad el 80% de su pensión.

"Pero es que la dirección quería ahora que con el 20% que les queda de pensión, los residentes financiasen los recortes en productos que iban a ser impuestos", afirmaron estas trabajadoras, que se mostraron "hartas" de los constantes "recortes". "Esto es vergonzoso. Nunca hay pañales, por ejemplo, y encima querían recortar más la cantidad que utilizamos", explicaron.

Los familiares de los residentes, según estas empleadas, desconocen "lo que está pasando". "Sólo gracias al esfuerzo de todos los empleados hemos podido seguir ofreciendo un buen servicio", añadieron.

La residencia Manoteras lleva abierta 27 años, tiene una capacidad para 300 personas, de las que 36 viven en habitaciones dobles y el resto individuales. Fue una de las primeras residencias públicas que se abrieron en la región. Cuenta también con 20 plazas de centro de día.