Una nueva ley atiza el fuego entre Narbona y Aguirre

Una patrulla de agentes forestales de la comarca de Torrelaguna, en el noreste de la región, ha denunciado al Ejército por sobrevolar el embalse protegido de Pedrezuela en época de anidación de crías de aves. Martinetes, muy sensibles a la alteración de su hábitat; garzas reales, varias especies de ánades, cigüeñuelas... pueblan el pantano y se ven afectadas por los aviones que vuelan a ras del agua.

Ésta será una de las últimas denuncias que interpongan los 269 agentes forestales que trabajan en la región. La razón: la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quiere sacar adelante la Ley de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid la próxima semana. Esta norma deja sin atribuciones a los agentes forestales. Y exige a los guardas una autorización judicial para acceder a terrenos y montes privados.

"No podremos denunciar construcciones ilegales en terrenos protegidos, ni caza ilegal, vertidos tóxicos, o prevenir fuegos...", enumera Enrique Jiménez, agente forestal. La ley contradice, además, la Ley Básica de Montes, que establece que los agentes forestales podrán entrar libremente en cualquier lugar para investigar, inspeccionar, realizar mediciones o tomar fotografías. Por ello, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional. "Incumplen una norma estatal y una grave amenaza para el interés general. Es un asalto y una burla a las instituciones parlamentarias", aseguró ayer Narbona.

La ministra remitió ayer una carta a Aguirre advirtiéndole de la incompatibilidad de ambas normas. Y le insta a que modifique "los preceptos que no tienen nada de urgentes ni de modernizadores". Narbona dijo no entender por qué "en este momento del año [en pleno verano, con más riesgos de incendio] quita las atribuciones de los guardas forestales".

Por su parte, portavoces de tres sindicatos (CC OO, UGT y el mayoritario Saftam) anunciaron ayer en una conferencia de prensa movilizaciones para protestar contra esta medida del Gobierno regional. Se quejaron de que con la retirada de la categoría de agentes de la autoridad, sólo los agentes del Seprona podrán investigar. "Sólo son unos treinta para toda la región", indicó José Luis Díaz, de CC OO.

Los forestales preparan una marcha el próximo jueves entre la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, y la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Además, mañana se concentrarán con bicicletas y vehículos frente a la sede de la Consejería de Medio Ambiente.

El diputado socialista Modesto Nolla manifiesta que esta ley otorga el mismo tratamiento a las fincas privadas que a un domicilio. "Asegura la impunidad para las infracciones. El campo siempre es de alguien, pero el paisaje, no, y tenemos que protegerlo", concluye.

No es la primera bronca entre Aguirre y el Ejecutivo nacional. El Gobierno nacional llegó a plantear en el Tribunal Constitucional una cuestión sobre la titularidad de la carretera de peaje R-1, entre Alcobendas y El Molar, y sobre el último tramo de la M-50, en el noroeste de la región, entre la A-1 (autovía de Burgos) y la A-6 (autovía de A Coruña). El Ejecutivo nacional y la Comunidad se disputaron las competencias sobre ambas carreteras. Aguirre considera suya la titularidad de ambas vías porque discurren íntegramente por la región. Pero el departamento que dirige Magdalena Álvarez defiende su competencia porque los tramos fueron declarados "de interés general". El Constitucional, primero anuló los estudios preliminares de estos planes, y después levantó la suspensión al considerar que la redacción de los proyectos no causa daño al medio ambiente.