Un edificio, medio millón de euros y un centenar de asesores a repartir

La incorporación de un cuarto grupo político al Ayuntamiento de Madrid ha obligado a variar el reparto de los recursos económicos y de personal previstos en los presupuestos municipales. Para ello, los portavoces de PP, PSM, IU y UPyD han acordado crear un grupo técnico que dirima esta "nueva realidad", en palabras ayer del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Entre otras cosas, deben dividir cuatro plantas de despachos, casi 3,3 millones de euros en sueldos para asesores y 96 chóferes. En su primera reunión, el viernes, el líder municipal de UPyD, David Ortega, quiere plantear una reducción significativa de los medios a disposición de los grupos, que, en la actualidad, son estos:

- Asesores. Los grupos cuentan con auxiliares administrativos, técnicos y asesores varios que se pagan con cargo al presupuesto municipal. El número de estos profesionales se pacta al principio de la legislatura. El PP tiene 38 asesores (36 eventuales, es decir, contratados a dedo; y dos funcionarios); el PSOE, 58 (35 de ellos, eventuales); e IU, 23 (18 eventuales). Se les llama asesores, pero muchos son secretarias o técnicos especializados en áreas como Hacienda o Urbanismo, que buscan información a los ediles para, por ejemplo, presentar alegaciones a un plan general o fiscalizar las cuentas. Los sueldos de estas personas ascienden a 3,3 millones de euros en 2011. El PP tiene menos que el PSOE porque cada junta municipal (en manos populares) cuenta con sus propios trabajadores eventuales (65 para 21 distritos).

- Oficinas. Los grupos tienen sus despachos en un edificio de la calle Mayor muy próximo la sede municipal de la plaza de la Villa. Los concejales iban andando a los plenos, algo que en breve, con el traslado al Palacio de Cibeles, tendrán más difícil. Hasta ahora, se repartían el edificio así: la primera planta, que corresponde al PP, solía estar casi vacía porque los ediles populares son también presidentes de las juntas y tienen allí sus despachos. La segunda planta la ocupa IU. La tercera y la cuarta, el PSOE, que además dispone del ático, algo más pequeño. La entrada de los cinco concejales de UPyD obliga a buscarles acomodo. Los funcionarios del edificio apuntan para ellos a esa primera planta casi vacía del PP, aunque el PSOE también podría ceder el ático. Será una de las cuestiones prácticas que se traten estos días.

- Coches. El Ayuntamiento de Madrid asigna un coche oficial a cada concejal electo (y son 57). En régimen de renting, cuestan unos 350.000 euros al año. Hasta ahora ningún partido se había quejado por esta práctica, no demasiado habitual en los Ayuntamientos españoles (en Barcelona, por ejemplo, solo lo tienen el alcalde y los jefes de grupo). UPyD les ha obligado a pronunciarse al anunciar que puede arreglarse usando vehículos "de incidencias" de la flota municipal -que llevan a reuniones o actos de trabajo, pero que no les recogen o dejan en casa-. Cada concejal tiene dos conductores (en dos turnos). Todo ellos son funcionarios, excepto los nueve de cada uno de los responsables del Gobierno y los dos del alcalde, contratados como personal de confianza.

- Asignación. Los grupos disponen de una especie de asignación anual para sus gastos de funcionamiento. No pueden usar ese dinero para contratar a más personal, ni tienen que pagar electricidad, material de oficina, limpieza, seguridad o mantenimiento de sus despachos. A cada grupo le corresponde una cuota de 45.681 euros, a la que se suman otros 7.652 por cada edil que hayan conseguido en las elecciones. En total, el Ayuntamiento destina 573.207 euros al año a los gastos propios de los grupos, que pueden consistir en encargar estudios, realizar viajes de trabajo... lo que quieran (eso sí, el pleno les puede pedir explicaciones si lo ve oportuno).

- Escoltas. Cada concejal tiene asignado un escolta, que depende de la Policía Municipal en la mayoría de los casos (Ana Botella, como esposa de un expresidente del Gobierno, José María Aznar, tiene otro tipo de seguridad). Esta protección es voluntaria. UPyD apuesta, de hecho, por eliminarla. El Ayuntamiento asocia al acto de llevar escolta la necesidad de contar con un coche oficial. A finales de los noventa, ETA asesinó a varios concejales (Ordóñez, Jiménez Becerril), y la policía descubrió seguimientos a ediles madrileños. El Ministerio del Interior trasladó en el año 2000 a los Ayuntamientos la necesidad de que todos los concejales, tanto del Gobierno como de la oposición, llevaran escolta. Todas las Corporaciones locales lo hicieron así, aseguran desde el Ayuntamiento. Gallardón ha dicho alguna vez que cuando Interior comunique que ya no es necesaria esa escolta se prescindirá también de los coches oficiales, excepto para los que siempre los han tenido asignados (concejales de Gobierno y de distritos, y los portavoces de la oposición).