El 'caso Gürtel' salpica al Ayuntamiento de Alcalá

Constructora Hispánica, la compañía que más pagos realizó a la trama corrupta de Correa y una de las que más se benefició de las relaciones del grupo con el PP -según los policías que investigaron el caso Gürtel-, también actuó en Alcalá de Henares, gobernada por los populares desde 2003. O al menos eso es lo que Juan Antonio Camargo Muñoz, jefe de los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcalá y funcionario desde 1980, denunció ante el juez Baltasar Garzón en marzo pasado, según consta en el sumario: "Ordenaron a este funcionario que adjudicase las obras a la mercantil Constructora Hispánica". Lo mantuvo, dice, después en su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira.

"Decidimos otra compañía, pero el concejal nos dijo que a ésa, ni hablar"

Según Camargo, Francisco Javier Fernández Abad, el concejal de Obras y Seguridad alcalaíno, le exigió en agosto de 2004 que adjudicase una obra, por un montante de más de tres millones de euros, a Constructora Hispánica. Se trataba de la conservación y reforma de pavimentos y la concesión duraba hasta principios de 2006. La elección fue en detrimento de otra empresa que había sido la escogida por los técnicos previamente por "ser de largo la mejor oferta", según este trabajador, que así se lo comunicó al juez.

Constructora Hispánica es la compañía que según el recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel más dinero pagó a la trama de Francisco Correa: 4.192.000 euros. También una de las más bendecidas por sus oficios: se embolsó, por ejemplo, más de 30 millones por la construcción de una instalación deportiva en la Boadilla del ex alcalde imputado Arturo González Panero.

El Consistorio alcalaíno niega las irregularidades de la contrata y considera que la denuncia de Camargo se debe al contencioso laboral que mantiene con el Ayuntamiento, del que fue apartado "a petición del comité de trabajadores", según una portavoz municipal. Un apartamiento que Camargo achaca, precisamente, a su "resistencia a los tejemanejes de los concejales".

Desde Constructora Hispánica afirman desconocer el caso. Su director general, José Luis Montesinos, ironiza sobre la fecha y asegura no recordar nada de 2004.Montesinos argumenta que su empresa lleva a cabo 100 obras anuales. También alude al saber perder de los concurrentes a un concurso: "Cuando gano, me pongo contento y, cuando pierdo, muchas veces, me enfado un poco y sigo trabajando".

Camargo, el funcionario denunciante, relata en conversación telefónica cómo se fraguó la adjudicación a la empresa constructora ligada al entramado ideado por Francisco Correa de manera semejante a como lo denunció en su día a Garzón. Su relato, explicado con bastante precisión, comienza cuando "Juan María Palacios, que era el técnico, me dice que va a otorgar el contrato a otra empresa, que era la que daba la oferta más barata. Yo le digo que me parece bien. Pero entonces, cuando lo ve Fernández Abad, el concejal, me replica: 'A esa empresa ni hablar', y se va sin darme más explicaciones".

Después, el funcionario va ganando velocidad y prosigue: "Al final, me volvió a decir que se lo diese a Construcciones Hispánica, que era la tercera valorada de tres y que era cosa de Gustavo Severien [teniente de alcalde del municipio]. Yo lo acepté, porque en tantos años he visto hacer cosas semejantes muchas veces, y firmé la adjudicación dándola por ganadora por 13 centésimas, aunque era con mucho la peor de todas las que concurrieron".

El técnico aludido en la denuncia, Juan María Palacios, dice no recordar que eso sucediera: "Me habla de 2004, no me acuerdo, pero no me suena que ningún concejal haga esas cosas ni hable así", contesta con brevedad por teléfono desde su domicilio.

Desde el Ayuntamiento ofrecen mostrar con brevedad el contrato de licitación, niegan la menor relación de Severien con la concesión y dicen que su nombre figura en la declaración por una mera cuestión de "organigrama de trabajo". Por supuesto, también subrayan la absoluta legalidad de la adjudicación, aunque ninguno de los supuestos implicados, especialmente el concejal de obras Francisco Javier Fernández Abad, diese ayer la menor explicación al respecto a pesar de los requerimientos de este periódico.

Camargo explica, además, que en 2006, cuando expiraba el contrato con Construcciones Hispánica, le pidieron que hiciese un informe en contra de prorrogarlo. "Me pareció muy mal que si ya habíamos hecho trampas para dárselo, ahora me pidiera hacerlas para quitárselo". En esta ocasión sostiene que se negó y que por eso comenzaron sus problemas con el Consistorio.

El funcionario explica que mandó un escrito al juez Baltasar Garzón "al leer en la prensa con bastante reiteración el nombre de esa empresa siempre ligada a la trama Gürtel".