Dos cargos de libre designación figuran entre los imputados

El Ayuntamiento sigue con su estrategia de mirar, estrictamente, hacia los funcionarios imputados por la operación Guateque. Ya van 21 y ayer el Consistorio anunció que se personará como acusación particular en calidad de perjudicado. A los empleados municipales se les acusa de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El Ayuntamiento niega cualquier responsabilidad política, pero la oposición se la volvió a pedir ayer a gritos.

En rueda de prensa matinal, el portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas, quiso mandarle varios recados al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la Operación Guateque. Primero, sobre la comisión de investigación que el regidor aceptó que se convoque cuando se levante el secreto sumarial. Y dijo Lucas que la comisión la quiere ya. Que no hay que esperar a lo que diga el juez porque es una investigación política y piensa pedirle "responsabilidades a los concejales y al propio alcalde".

El funcionario de mayor rango es un jefe de departamento de Medio Ambiente

"Queremos conocer todos los expedientes que han sido tratados en las Concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente y en las tres juntas de distrito afectadas desde 2003; por eso no podemos esperar a que se abra el sumario judicial", explicó Lucas.

EL PAÍS ha reconstruido parte de la trama en la que 16 funcionarios (ayer fueron imputados cinco más) cobraban a empresarios por agilizar las licencias de establecimientos o retrasar expedientes sancionadores. Entre sus integrantes figuran empleados municipales de tres juntas de distrito (Centro, Chamberí y San Blas). Los empleados corruptos actuarían coordinados con sus compinches de las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, concejalías encargadas de avalar que los locales cumplen los requisitos para obtener la licencia que finalmente emiten las juntas municipales.

Los funcionarios de más alto rango implicados son un jefe de departamento (dos niveles por debajo del director general del ramo) y un adjunto de departamento. Los dos son cargos de libre designación, cuyo sueldo supera los 40.000 euros anuales.

Para atajar la corrupción, Lucas exigió ayer una auditoría interna en el Consistorio que "depure" a todos los implicados en la Operación Guateque y "salve" la dignidad e integridad de la mayoría de los funcionarios municipales. Además, recordó que su grupo ha pedido un pleno monográfico sobre el escándalo.

Y el último recado, el más envenenado, se lo envió Lucas a Gallardón blandiendo una denuncia ciudadana que obraba en poder del alcalde desde 2005 y en la que se daba cuenta de las presuntas extorsiones sufridas por un empresario a manos de funcionarios municipales (técnicos y policías). Lucas exigió a Gallardón que explique "por qué miró hacia otro lado". Lo que no dijo Lucas es que la misma carta que ayer blandía como novedad, la tenía el PSOE desde hacía meses, según varias fuentes.

El grupo municipal de IU llevará al próximo pleno una iniciativa para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, explique el trámite que siguió la denuncia.

El Ayuntamiento dio ayer explicaciones sobre la carta. Pedro Calvo aseguró que, tras recibir la misiva, se realizaron dos investigaciones internas que no implicaron a policías municipales, como denunciaban los empresarios. Además, recordó que sobre el establecimiento de los denunciantes pesan denuncias de vecinos, de la policía y una condena del Tribunal Superior de Justicia. "Son infractores contumaces. Tienen 87 denuncias de la policía", explicó. Según el Consistorio, la Junta de Centro se reunió varias veces con los denunciantes para investigar el asunto y no encontró indicios de corrupción de sus técnicos.

Los dueños del local, situado en la calle de las Huertas, insisten en que se les reclamó dinero para obtener la licencia de actividad y se les amenazó repetidamente.