Se busca a 1.500 expuestos al amianto

Barato, resistente, incombustible y ligero, el amianto tuvo más de 3.000 aplicaciones en la construcción y la industria hasta que mostró su cara más terrible: cánceres incurables que matan a 50 personas al año en la Comunidad de Madrid. Prohibido en 2001, miles de toneladas de este mineral siguen instaladas en edificios de la región, donde no es peligroso mientras no se manipule. Pero hay que proteger a quienes estuvieron expuestos a él en el trabajo: 4.200 personas, de las que falta localizar a 1.500. También se debe controlar toda obra o demolición de edificios con amianto en sus entrañas. La Comunidad ni siquiera sabe cuántos son, aunque ahora, siguiendo al Ayuntamiento de Getafe, se muestra dispuesta a impulsar la creación de un censo de edificios peligrosos.

"No hay peligro si no se manipulan o rompen los materiales ya instalados", dice CC OO

Casi todos los edificios construidos en los años 50, 60 y 70 contienen amianto

La Comunidad de Madrid busca a 1.500 obreros, albañiles, mecánicos, soldadores o calefactores, entre otros profesionales, que trabajaron con amianto entre los años cincuenta y 2001, cuando este mineral fue prohibido por los riesgos que supone para la salud. El objetivo es someter a vigilancia especial a las 4.200 personas -de las que ya han sido localizadas 2.700- que el Gobierno regional calcula que estuvieron expuestas al amianto en más de un centenar de empresas que lo tenían entre sus materias primas.

Esta sustancia, de origen natural, fue usada masivamente en la construcción, la fabricación de maquinaria y otros sectores. Sus cualidades eran muchas: barato, maleable, incombustible, ligero, aislante y resistente. Sus peligros, también: al ser manipulado, desprende fibras microscópicas que, si son aspiradas, pueden causar asbestosis -heridas y cicatrices en los pulmones, que causan trastornos respiratorios crónicos- y la muerte por cáncer de pulmón, pleura o peritoneo. Estas dolencias pueden tardar hasta 30 años en manifestarse y un estudio de la Consejería de Sanidad, hecho en 2002, calcula que matan al año a más de 50 personas, una cifra que prevé que siga creciendo hasta 2018.

Ángel Cárcoba, de CC OO y autor del libro El amianto en España, estima, basándose en datos oficiales, que en la región hay más de 180.000 toneladas de amianto instaladas en edificios y maquinaria. "Tenemos por delante un reto ingente que debe implicar a administraciones, empresas y a toda la sociedad. El amianto ya instalado no es peligroso si no se manipula o rompe, no hay que alarmar. Pero cada vez que se hacen obras ese mineral se vuelve peligroso porque libera fibras al quebrarse. Hay que hacer un gran pacto social para ir desmantelando todo ese amianto sin peligros", afirma.

De momento, la legislación obliga a toda empresa que vaya a intervenir en un inmueble o nave con amianto a elaborar un plan para garantizar la seguridad de los trabajadores. También la de la población cercana en aquellos casos en los que el amianto está en cubiertas o partes exteriores del inmueble. El plan debe ser aprobado por dos organismos -la Inspección de Trabajo y el Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo- y ejecutado por una de las 84 empresas autorizadas en la región para "desamiantar", en el lenguaje técnico. Pero CC OO denuncia que esta normativa "no garantiza ni mucho menos el control de todas las obras en las que se manipula amianto".

En la Comunidad de Madrid se llevan a cabo 30.000 obras al año, según la Consejería de Empleo y Mujer. El año pasado fueron controladas 208 por los riesgos relacionados con el amianto. Un 43% de ellas incumplía la normativa. Pero muchas más, admite la Inspección, se llevaron a cabo sin control. "No las controlamos porque no sabemos que se hacen. Si quien las promueve no lo comunica o nadie lo denuncia, no tenemos forma de enterarnos", admite Vicente Mora, jefe provincial de la Inspección.

Casi todos los edificios construidos en los años cincuenta, sesenta y setenta contienen amianto. "Nadie sabe cuántos hay en la Comunidad de Madrid", explica Javier Vallejo, director general de Trabajo. Los sindicatos reclaman desde hace años la creación de un catálogo o censo de edificios con amianto. "Lamentablemente, la Comunidad de Madrid aún no ha hecho nada", se queja Carmelo Plaza, secretario de Salud Laboral de CC OO. Este sindicato y la Inspección de Trabajo admiten que el catálogo sería "una herramienta muy útil" para aumentar el control sobre las obras con riesgo de liberar fibras de amianto.

Vallejo se justifica. "Es difícil y complejo. Ninguna administración lo ha hecho en España. Podría hacerse en colaboración con los ayuntamientos, mediante la Inspección Técnica de Edificios (ITE) o con los colegios profesionales, como el de arquitectos, que son los que construyeron con amianto", explica antes de anunciar que está estudiando "cómo desarrollarlo en la próxima legislatura".

Para CC OO, "el mayor problema es la falta de voluntad política". "El catálogo se ha hecho en la mayoría de países del norte de Europa. No hay razón para que no se haga aquí". El sindicato extiende las críticas a la protección de los trabajadores. "Es dramático. Mueren trabajadores que hace 10, 20 o 30 años trabajaron con amianto sin que se les reconozca que sufren una enfermedad profesional, con familias que se quedan sin recursos", protesta Plaza.

La Consejería de Empleo recibió en 2006 tres notificaciones por enfermedades profesionales por amianto, dos por asbestosis y una por cáncer. "Es una cifra ridícula", afirma Plaza. "En Francia o el Reino Unido, cada año 1.500 o 2.000 casos. En Madrid sólo tres y en España menos de 10".

Sindicatos y administraciones coinciden en que hay que avanzar en dos frentes y que queda "muchísimo" tramo por recorrer. El primero es proteger a los trabajadores que hoy manipulan amianto. "No hay más solución que control, más inspecciones y más recursos", defiende CC OO. El segundo frente es paliar en lo posible el daño que pueden sufrir quienes lo manipularon en el pasado. Estas personas serán sometidas a vigilancia especial para diagnosticar precozmente cualquier enfermedad.

Comunidad, patronal y sindicatos iniciaron hace dos años el registro de trabajadores que en el pasado estuvieron expuestos al amianto. En la última reunión técnica, la Consejería de Sanidad aportó sus cálculos: son 4.200 personas -"en realidad deben de ser el doble o el triple", dice CC OO-, de las que aún busca a 1.500 buceando en bases de datos propias, de la Seguridad Social y de otras fuentes.

La gran mayoría de ellas tendrá una jubilación feliz y saludable. Pero, en algunos casos, las microfibras del amianto desencadenarán terribles procesos cancerígenos en su organismo. Sanidad ha elegido dos hospitales en la región -Carlos III y Getafe- para atenderlos. Allí está su última oportunidad.