Villalba reclama al Canal de Isabel II sus competencias

Un pleito sobre quién tiene las competencias de distribución de agua y alcantarillado mantiene enredados al Ayuntamiento de Collado Villalba (52.886 habitantes) y al Canal de Isabel II desde hace ya dos años. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid tiene previsto dictar sentencia antes de finales de mes sobre este asunto, en el que el alcalde, el socialista José Pablo González, reclama a la empresa pública del agua los derechos municipales que ésta supuestamente se ha arrogado sin permiso desde hace ya 23 años.

La sentencia se dictará antes de final de mes, según el juzgado

El municipio pretende que se le reconozcan dichas competencias, que se celebre un convenio entre la empresa pública y el Consistorio para regularizar la situación con la que ahora actúa el Canal en el municipio y, además, reclama la facturación de las cuotas de alta y de distribución que habría cobrado en su nombre la empresa pública en este tiempo. González calcula que alcanzaría entre 12 y 14 millones de euros.

El Canal de Isabel II asumió la gestión del abastecimiento y saneamiento de Collado Villalba cuando en 1985 una ley disolvió el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Agua a los Pueblos de la Sierra de Guadarrama (Casrama), que hasta entonces daba servicio a 19 municipios de la sierra madrileña, e integró su patrimonio en el de la empresa pública.

Collado Villalba es la única de esas localidades que hoy no tiene un convenio de cesión de las competencias con el Canal, pese a que éste las gestiona. Además, la empresa pública se encarga de mantener la red, pero, según el Ayuntamiento, le factura las reparaciones.

Cuando González llegó a la alcaldía en 1999 descubrió que el convenio de cesión de atribuciones no existía, tras reclamarlo insistentemente por carta a la empresa, ya que no encontró copia en los archivos municipales. El Canal de Isabel II, que primero aseguró que tal acuerdo tenía fecha de 20 de diciembre de 1984, acabó reconociendo en 2004 que no existía tal documento y, por tanto, que no había convenio. Sólo entonces accedió a iniciar su negociación.

En la contestación a la demanda, la empresa pública del agua lo confirma, pero justifica que pueda asumir las atribuciones municipales en que recibió una "encomienda legal para el ejercicio de las competencias que venía desarrollando el Casrama". Además, afirma que la situación fue "tácitamente consentida" por el Ayuntamiento hasta enero de 2005, por lo que rechaza que éste pueda ahora reclamarle por ello y agrega que su voluntad es suscribir con "Collado Villalba un convenio de gestión integral".

Lo paradójico es que el Canal de Isabel II no reconoce aquí lo que funciona en el resto de los municipios de la región, donde está clara la división de competencias entre la empresa pública y los ayuntamientos.

Esta semana el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que se vería obligado a romper el convenio que le ata al Canal si la Comunidad de Madrid persiste en su intención de transferir su patrimonio a una sociedad anónima, para luego privatizar el 49%. Las dos instituciones más importantes de la región firmaron en 2005, y luego ampliaron dos años más tarde, un acuerdo por el que la capital cedía al Canal sus más de 4.000 kilómetros de alcantarillado a cambio de unos 920 millones de euros.

En dicho convenio queda claro que, mientras la empresa pública presta el servicio, es el Ayuntamiento de Madrid el que mantiene la titularidad de las atribuciones sobre el saneamiento del agua.

"Eso es exactamente lo que yo pido", argumenta el alcalde de Collado Villalba. Sostiene que, a falta de un convenio con la empresa de aguas, en cualquier momento podría sacar a concurso los servicios. Pero ha preferido reclamar su derecho ante la justicia.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia explicó que la sentencia está ya "solamente pendiente de transcripción" y que, por tanto, estará finalizada antes de final de mes. El juez ha tardado tanto tiempo en tomar una decisión porque, según el portavoz, cuando decidió entrar en el fondo del asunto se encontró con que sobre estas cuestiones había falta de jurisprudencia civil. "Es un proceso complicadísimo", asegura el portavoz.