Último recurso de una madre coraje

A Juana Ortega se le enrojecen los ojos cuando cuenta su problema. Habla con dolor. Es el fruto de la desesperación y de 20 años de olvido, de lucha. Junto a ella está su hijo Antonio Meño, de 40 años. No se mueve. Sufre un coma vegetativo desde hace dos décadas, tras someterse a una operación de nariz. Ambos se han instalado desde hace una semana en la plaza de Jacinto Benavente (Centro), hasta que alguien del Ministerio de Justicia les reciba y les dé una solución para los 400.000 euros que les exigen los jueces. Asegura que si es necesario pasará ahí todo el verano "y lo que haga falta".

Su historia comienza el 3 julio de 1989, cuando su hijo se sometió a una rinoplastia. La operación transcurrió bien, pero los problemas surgieron en el postoperatorio. El anestesista desentubó al paciente y éste vomitó. "Debido a la falta de reflejos de la glotis, al no haber recuperado la respiración espontánea, se produjo una aspiración del propio vómito y broncoespasmo", recogió el fallo del juzgado de lo Penal que condenó al anestesista por una falta de negligencia, con una indemnización de 175 millones de pesetas (algo más de un millón de euros). Sin embargo, posteriores recursos dejaron sin efecto este fallo. En especial, la Audiencia Provincial de Madrid, que no apreció mala praxis en la actuación del facultativo, pese a que él mismo lo reconoció en el primer juicio. "El mundo se me cayó encima. Vi que la justicia no funciona en este país", afirma Ortega.

Las costas ascienden a 400.000 euros. Juana pide que no le embarguen la casa

El varapalo por la vía penal dejaba abierta la vía civil. Pero los resultados no fueron mejores. Mientras, Juana Ortega tuvo que arreglar su casa y pagar los tratamientos médicos a su hijo, lo que le costó 25 millones de pesetas (150.000 euros). Tuvo que cerrar la frutería.

Los jueces no dieron la razón a la mujer, pese a las pruebas que había aportado, entre las que estaba el hecho de que ni siquiera hubo consentimiento informado de la operación por parte del paciente.

Recurso tras recurso, las costas judiciales han ido subiendo hasta los 400.000 euros. La familia Meño Ortega acudió al Tribunal de Derechos Humanos, pero éste desestimó el caso. Ahora, para hacer frente a los pagos, ha recibido la carta de embargo. Y corren peligro su casa y su actual negocio, una panadería. "Como me echen a la calle y me encuentre sin nada, creo que haré algo muy grave. Estoy dispuesta a pasar aquí todo el tiempo que haga falta hasta que alguien nos reciba", afirma.

Su hijo está junto a ella, tumbado en una cama plegable inmóvil. Ella duerme, desde el día 17, junto a él en otra tumbona. Cada tres o cuatro días vuelve a su casa para bañar a su hijo.

Antonio vio truncada su carrera de Derecho. "Era muy trabajador. Estaba en activo todo el día. Cuando no ayudaba a su padre en la frutería, estudiaba. De hecho, se grababa las lecciones y se ponía los cascos cuando iba a correr. Y ahora verlo ahí, en una camilla inmóvil...", relata la madre con lágrimas en los ojos.

El Ministerio de Justicia declaró ayer que no puede opinar del caso porque no lo conoce.