Sube el gasto sanitario de gestión privada

Los presupuestos "más complicados de la historia", en palabras de Esperanza Aguirre, son también los de mayor recorte. Caen un 9%. Menos en Sanidad, que en 2011 será el área con más recursos. Pese a ello, sus 7.125 millones son solo un 0,66% más que en 2010. Es decir, que prácticamente se quedan congelados. Incluso hay hospitales que pierden dinero, como el Ramón y Cajal (un 2%), el Severo Ochoa de Leganés (un 3%)

o la Cruz Roja (un 4%). Pero hay un gasto que no solo no se congela, sino que sube. La asistencia sanitaria externalizada se incrementa un 5,7%. Los convenios y conciertos con entidades privadas, además de los cánones que paga por los nuevos hospitales de gestión mixta, le costarán a la Comunidad de Madrid 676 millones de euros, mientras que en 2010 pagó 640 millones por el mismo concepto.Parte de ese aumento se debe a la apertura de un nuevo hospital en Torrejón de Ardoz, adjudicado a una UTE liderada por Ribera Salud. En su primer año de funcionamiento, la Comunidad pagará por él 26,84 millones. El otro hospital con el mismo modelo, el de Valdemoro, costará el año que viene 42,63 millones de euros. El centro, gestionado por la empresa Capio, aumenta así en un 14% el dinero que recibe de la Administración. Según los presupuestos de 2010, este año la Consejería de Sanidad le ha transferido 37,4 millones. Un portavoz de Sanidad aseguró ayer que el aumento se debe al incremento de la población que atiende y a la actualización de la cápita al IPC de 31 de diciembre de 2010. La partida dedicada a la Fundación Jiménez Díaz (también gestionada por Capio), en cambio, queda congelada en 211 millones de euros.

Los convenios y conciertos de atención especializada se completan con una partida destinada a entidades privadas (clínicas a las que se derivan pacientes) que baja un 8% hasta los 66,5 millones de euros. El laboratorio clínico central, en cambio, va a costar cuatro millones más que este año. Sanidad sacó a concurso en 2008 la gestión de las pruebas de laboratorio de más de un millón de madrileños, los que tenían los nuevos hospitales (excepto Majadahonda y Valdemoro) de referencia. Ganó una UTE liderada por Ribera Salud. En el proceso se cerraron tres laboratorios públicos. El laboratorio de gestión privada pasa de recibir 15 millones a 19,24, es decir, un incremento del 28%.

La factura de la asistencia sanitaria con medios privados engorda también con el gasto en cánones que la Comunidad de Madrid paga a las UTE que construyeron los hospitales mediante concesión administrativa. Se trata de los siete nuevos centros que Aguirre puso en marcha casi a la vez en 2008, en los que las empresas se encargaron de construir los edificios, de mantenerlos y de gestionar la actividad no sanitaria (cocina, administración, limpieza, celadores...). Sanidad paga un arrendamiento anual por utilizar durante 30 años esos edificios (luego revierten a la Administración), es decir, es como si Sanidad fuera la inquilina de sus propios hospitales. Esos cánones suponen 138 millones de euros en 2011, de acuerdo con los presupuestos, casi un 1% menos que el año pasado.

Un último bloque de asistencia sanitaria externalizada son los convenios y conciertos de drogodependencias, salud mental, hemodiálisis, transporte y tratamientos y terapias (resonancia magnética, rehabilitación), que según el tomo III (Ingresos y gastos) de los presupuestos, suponen un gasto de 169 millones de euros para 2011, el 3% más. Solo en servicios concertados de ambulancias la Comunidad gastará 52 millones de euros, uno más que este año.

Otro gasto que aumenta el año que viene es el que se deriva del convenio que previsiblemente firmarán antes de que acabe el año la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa para que el hospital militar Gómez Ulla atienda a 110.000 personas de Carabanchel y Latina. Por esa asistencia sanitaria pagará la Comunidad 23,5 millones de euros, cuando este año han sido 18,8. Este gasto no se incluye en el cómputo de asistencia sanitaria con medios privados, ya que se trata de un convenio con otra Administración y la gestión del servicio es pública, explicó ayer Adolfo Piñedo, portavoz de Hacienda del grupo parlamentario socialista. "Los convenios con privados representan el 9% del presupuesto sanitario", añadió. "Siendo este uno de los pocos gastos que crecen -y lo hace año tras año- resulta evidente que el Gobierno de Aguirre prefiere esta fórmula y está dispuesto a extenderla todo lo que pueda".