El Gobierno regional pone trabas a la prohibición de fumar en bares

Según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, los grupos parlamentarios apoyan su propuesta de endurecer la ley antitabaco para prohibir fumar en todos los locales públicos (bares, restaurantes, etcétera). Es cierto en el caso de CiU y de Izquierda Unida, pero no está tan claro con el PP, que evita pronunciarse hasta ver un texto articulado. Ana Pastor, su responsable de Sanidad, ha pedido que las comunidades den el visto bueno a la ley en el consejo interterritorial (reúne al ministerio y a las comunidades).

De ser así, la pelota caería en el tejado de las comunidades díscolas, las que han estado boicoteando la ley actual aprobando decretos descafeinados que, en la práctica, permiten fumar casi igual que antes. Como Madrid. Y las zancadillas seguirán, a juzgar por las palabras del consejero de Sanidad, Juan José Güemes. "Las prohibiciones no suelen dar buen resultado", aseguró ayer durante una visita a un centro de atención a drogodependientes. "Siempre suponen una restricción de la libertad individual, y hay que ser muy cuidadoso cuando se restringe la libertad individual", insistió.

"Las prohibiciones no suelen dar buenos resultados", dice el consejero

Pese a que Güemes empezó respondiendo a los periodistas con cautela -"es difícil opinar sobre un texto que no conocemos"-, enseguida se embaló y empezó a enumerar todos los problemas que, a su juicio, entrañaría el endurecimiento de la ley de 2005. No sólo la restricción de libertades; también el coste que, según él, comportará para los empresarios de la hostelería. El consejero citó además una encuesta europea que refleja que "hay una mayor incidencia del tabaquismo desde que se aprobó la ley, rompiendo una tendencia anterior". Enseguida matizó: "No digo que sea la causa, pero al menos debería hacernos reflexionar antes de restringir más las libertades individuales, ya que las prohibiciones no suelen dar buenos resultados".

El consejero abogó por realizar una "evaluación rigurosa" de la actual ley antitabaco antes de realizar cualquier reforma. Sería necesario, dijo, "convencer a la sociedad de que hay una justificación para modificar la ley". Además, el Ministerio de Sanidad debería "realizar una memoria económica que evalúe el coste de la medida", añadió. "Todo el sector de la hostelería se ha visto obligado a hacer unas inversiones muy importantes para adaptarse a la ley, que aún no han sido amortizadas. Apenas tres años después se les va a obligar a hacer nuevas inversiones". Sobre la unanimidad que la ministra ha manifestado que quiere conseguir antes de reformar la ley, el consejero aseguró: "Si el ministerio busca realmente el consenso, cualquier medida debe ser más global y no consistir meramente en una prohibición".

El punto de vista de Güemes es compartido por el resto del Gobierno regional. El vicepresidente y portavoz, Ignacio González, fue aún más allá. Abogó por la libertad de elección a la hora de fumar y añadió que si las autoridades consideran el tabaco tan perjudicial, "el causante de tantos males", lo que deben hacer es prohibirlo definitivamente. "Lo otro es poner puertas al campo", aseguró.El Gobierno regional defiende "la libertad de elegir de la gente", aseguró González. "Creo que con esto del tabaco hay que mantener una actitud de respeto; lógicamente, a la legalidad, pero también a la libertad y, sobre todo, no tener un discurso ambivalente como creo que existe", afirmó. En su opinión, informa Europa Press, lo que deben hacer las autoridades sanitarias, "si eso es lo que quieren", es prohibirlo: "Que no haya tabaco, que no se pueda comercializar, y así es como se acaba".

El Gobierno de Esperanza Aguirre publicó en 2006 un decreto antitabaco mucho más permisivo que la ley estatal. Entre otras cosas, elimina la necesidad de separar físicamente las zonas de fumadores en los locales de más de 100 metros. También permite fumar en más lugares, como los bares de los centros de trabajo (la ley prohíbe absolutamente el tabaco en las empresas) o los reservados de los restaurantes y celebraciones privadas. A los empresarios sólo les exige "sistemas de extracción o eliminación" de humos.

Este punto fue uno de los que atacó el Ministerio de Sanidad en el recurso contencioso administrativo que presentó junto con la asociación nofumadores.org y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la normativa madrileña. La diferencia con la ley, que obliga a la separación física, supone "menos garantías desde el punto de vista de la salud pública", afirmaba el abogado del Estado en defensa del ministerio. Sanidad también recurrió los decretos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en diciembre de 2008 y anuló el decreto autonómico, que Elena Salgado, entonces ministra del ramo, calificó de "flagrante violación" de la norma estatal. La sentencia no entraba en cuestiones de fondo, sino de forma (el Gobierno regional no pidió informe al Consejo de Consumo). Aguirre recurrió al Supremo, que aún no se ha pronunciado. Mientras, el decreto sigue en vigor.

La Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid) apoya "decididamente" la prohibición total del tabaco en locales públicos, aseguró ayer su presidente, José Miguel Rodríguez González-Moro. Según sus datos, las enfermedades derivadas del consumo de tabaco matan a más de 45.000 personas al año en España. En Madrid, 6.000. "La ley actual ha demostrado claramente su ineficacia", afirmó ayer el coordinador del Grupo de Tabaquismo de Neumomadrid, Carlos Jiménez Ruiz, informa Servimedia. Según sus datos, hay 1,2 millones de fumadores menos que antes de la ley, "aunque se cree que sólo 100.000 se deben directamente a la actual ley antitabaco".

La ministra de Sanidad respondió, en Onda Cero, a la petición de CiU, que había solicitado ventajas fiscales para los empresarios que hicieron reformas. Jiménez aseguró que considerará "con carácter particular" la situación de los hosteleros, porque "han cumplido la ley y han de tener reconocimiento". Recordó también que sólo el 1% hicieron reformas.