Derecha madrileña: la democracia como tapadera

Desde que murió Franco, la derecha española ha tenido que ir demostrando día a día que asumía el sistema democrático que tenemos, frente una izquierda que representaba la democracia y la libertad. Estaba obligada a convencer a la ciudadanía de que no eran los herederos del régimen anterior, homologándose a las derechas de los países de nuestro entorno. En los últimos tiempos, incluso ha tenido el descaro de presentarse como el adalid de la libertad y la democracia.

En general, los politólogos y sociólogos que se han dedicado a definir el concepto de democracia (Bobbio, Sartori, etcétera) concluyen que los sistemas políticos de democracia representativa, como el español, se basan en dos ideas fuerza: la primera, que el poder reside y mana del "demos" o pueblo; y la segunda, que el imperio de la ley y el procedimiento son sagrados.

Sin embargo, la derecha madrileña no asume esta definición de democracia. Muy al contrario, Esperanza Aguirre utiliza la democracia para favorecer el negocio privado de unos pocos desde el poder político (y digo bien de unos pocos). En este camino que Aguirre transita con un pie dentro y otro fuera de la democracia en su sentido más puro, la meta es favorecer el binomio que forman dinero y poder. Al poder y al dinero se pueden subordinar todos los principios: da igual el medio ambiente, los servicios públicos, la transparencia en la gestión e incluso la propia democracia. Algunos ejemplos pueden servirnos para ilustrar esta afirmación.

La normativa ambiental obliga a que toda actividad de determinadas dimensiones sea precedida de una declaración de impacto ambiental. En el caso de las obras de la M-30 no se duda en recurrir a la trampa de considerarla una "vía urbana" para evitar una declaración previa de impacto medioambiental. El resultado es aterrador: 25.000 árboles de varias décadas de antigüedad talados, un río en peligro y el más que probable incremento de la emisión de contaminantes por la multiplicación de vehículos. Todo sea por el negocio.

Cuando el informe de impacto medioambiental está hecho y es negativo, como ha sucedido en el caso del pretendido desdoblamiento de la "carretera de los pantanos" M-501, se recurre a declarar la obra de "interés general" y así se pasa por encima del informe. Y no es que Aguirre tenga algo en contra de la flora, la fauna y el ecosistema de la zona con mayores valores ecológicos de la Comunidad de Madrid, sino que para ella es más importante dejar expedito el camino al negocio inmobiliario que ya en Ávila han puesto en marcha sus correligionarios que gobiernan en Castilla y León bajo la mano férrea de su amigo Ángel Acebes.

Lamentablemente, el medio ambiente no es el único damnificado del Gobierno Regional. Aguirre considera que los servicios públicos son demasiado golosos como para mantenerlos al margen del mercado. Se pretende abrir al negocio privado el billón de pesetas que anualmente gasta la sanidad pública madrileña. El primer objetivo es minar la confianza de los madrileños en su sistema sanitario para que caigan como fruta madura en la sanidad de pago. La actuación del Gobierno en el Severo Ochoa demuestra que tanto a Lamela como a Aguirre no les importa poner en jaque a un pilar fundamental en la vida de los ciudadanos para dar satisfacción (y beneficios) a sus amigos.

Pero la guinda se la lleva el reciente concurso de las emisoras de televisión local. Si la democracia se resume en soberanía popular y respeto de todos a la ley, además en el catecismo liberal (desde Ferguson a Hayek, pasando por Víctor Pérez Díaz), siempre se ha dado especial importancia a la "esfera pública de opinión". Es decir, a que la sociedad pueda acceder a información objetiva y, en el caso de que ésta no lo sea, al menos que haya pluralidad de informaciones para permitir la formación libre de opinión de los ciudadanos. Ésta es una de las diferencias entre un sistema democrático y uno totalitario.

Pues bien, la reciente adjudicación de televisiones locales por el Gobierno de Aguirre es una prueba concluyente de que quiere una opinión pública sumisa, o si se prefiere, en perfecta sintonía con la presidenta del Gobierno. Aquí se niega tanto la objetividad como la pluralidad en la información, porque no se busca la formación libre de opinión de los madrileños. Ella prefiere formar la opinión y para ello se dota de ese formidable arsenal de televisiones locales amigas que completen la obra de autobombo y ausencia de crítica que ya se practica en Telemadrid. Por ello, las adjudicaciones han recaído sobre la Iglesia y sectores de un abanico ideológico tan sumamente cerrado que no representan siquiera a todo el espectro de la derecha y que pueden simbolizarse en las adjudicadas a Libertad Digital de Federico Jiménez Losantos.

A Aguirre no le gusta la crítica y la impide hasta donde puede, ya sea en los medios, ya sea en la Asamblea de Madrid, en donde el PP no ha permitido ni una sola vez que comparezca en pleno a petición de la oposición desde que accedió a la presidencia tras aquella vergonzante segunda vuelta (¿recuerdan a Tamayo, caballo de Troya de una derecha sin escrúpulos democráticos?).

Si el Gobierno de Aguirre no está sujeto al imperio de la ley, escapa permanentemente al control parlamentario y se ha asegurado el monopolio de la opinión pública en la gran mayoría de medios de comunicación de ámbito regional y local, podemos concluir que el suyo no es un gobierno plenamente democrático y que entra en flagrante contradicción con las ideas liberales que dice defender. Tras 25 años de democracia, es una desalentadora fotografía de la derecha madrileña. Aguirre, lejos de garantizar y profundizar la democracia, la utiliza como tapadera para sus propios intereses y los de sus pocos pero poderosos amigos.

Fausto Fernández Díaz es diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.