Aguirre podrá vender suelo obtenido de cesiones gratuitas

La Comunidad de Madrid podrá vender los terrenos que están obligados a cederle los promotores privados y los Ayuntamientos cada vez que desarrollan un plan urbanístico. De esta forma, el Gobierno regional podrá hacer negocio con parte del suelo que ha recibido de forma gratuita para pagar sus inversiones.

Para ello, la Comunidad de Madrid modifica el artículo 91.3 de la Ley del Suelo. "Los suelos integrantes de las redes supramunicipales [terrenos para construir parques, vivienda pública, equipamientos públicos...] cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales...", reza el nuevo artículo. Al convertir estos suelos en "bienes patrimoniales" permite su venta. "No quiere decir que se vaya a hacer", sostiene un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. "No hay ninguna norma que establezca que las cesiones de suelo sean bienes de dominio público [que no se pueden enajenar]. El uso de esos terrenos seguirá siendo social", sostiene el portavoz regional.

"Una cosa es agilizar trámites y otra hacer una barra libre", dice UGT

El Gobierno regional, que preside Esperanza Aguirre, ha aprovechado la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para introducir seis modificaciones en la Ley del Suelo. La medida ha recibido duras críticas de los sindicatos y el PSM. Juan Luis Martín, responsable de UGT, señala que "esta norma facilita las recalificaciones de suelo".Esperanza Aguirre utiliza la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, conocida como ley escoba, para realizar modificaciones normativas de última hora acortando su debate y la tramitación. Durante todos los años de su mandato ha aprovechado esta vía para modificar la Ley del Suelo. Esto le ha granjeado duras críticas de la oposición que le exige que si quiere modificar la norma siga los trámites normales. Este año ha modificado hasta seis artículos de la mencionada ley.

Los cambios de este año despertarán recelos entre los Ayuntamientos de la región. Estos entregan por ley un 20% del suelo de sus desarrollos urbanísticos a la Comunidad de Madrid para "redes supramunicipales" [suelos para parques, jardines o vivienda social que tienen carácter de dominio público]. La medida ha provocado estupor en el Ayuntamiento de Madrid, según fuentes municipales. La Ley del Suelo preveía que la tercera parte del suelo cedido por promotores y Consistorios se dedicará a "la red de viviendas públicas o de integración social". Ahora la Comunidad podrá vender ese suelo para financiarse.

"Permite hacer negocio a la Comunidad a costa del suelo entregado para una función social. Aguirre hace un urbanismo a la carta", lanza el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Pese a que desde el Ejecutivo autonómico aseguran que no se cambiará el uso social de los terrenos, lo cierto es que las modificaciones que han introducido en la Ley del Suelo lo permite.

Para cambiar el uso de estos suelos, modifica el artículo 67.1 de la norma. Con este artículo hace una excepción en el proceloso procedimiento para hacer cambios en los planes urbanísticos para "los terrenos integrantes de una red supramunicipal". Así, la Comunidad de Madrid podrá modificar el uso social con un simple plan especial que aprobará ella misma.

Desde UGT detallan, además, otros cambios en la Ley del Suelo introducida por Aguirre. La norma permite a los Ayuntamientos hacer pequeñas modificaciones en sus planes urbanísticos sin necesidad de hacer un informe de impacto territorial, ni del preceptivo avance de modificación. El argumento del Gobierno regional es que agiliza los trámites. Pero Juan Luis Martín, responsable de Servicios Públicos de UGT, no opina lo mismo: "Da más autonomía a los Ayuntamientos. Aprueba un mecanismo a través del cual, sin necesidad de realizar una modificación global del plan general, puedan alterar el planeamiento urbanístico de un municipio". Y prosigue: "Una cosa es agilizar procedimientos y otra abrir la puerta a hacer una barra libre de cambios urbanísticos". Ahora la norma deberá pasar por la Asamblea de Madrid donde los grupos de la oposición (PSOE e IU) presentarán enmiendas, pero la mayoría parlamentaria del PP será suficiente para sacarla adelante.