El suplicatorio del eurodiputado desobediente

Que el Tribunal Supremo juzgue al eurodiputado popular y ex director general de la policía Agustín Díaz de Mera depende de que el Parlamento Europeo conceda o no el suplicatorio para que pierda la inmunidad que protege a todos los miembros de la Eurocámara. El tribunal que juzga el 11-M ha abierto un procedimiento contra Díaz de Mera por negarse a revelar la fuente que, según el máximo responsable de la policía cuando se produjo la matanza, le avisó de que había un informe que vinculaba a ETA con el atentado. El informe, de 40 folios, existe, pero no halla vínculos relevantes entre islamistas y etarras.

El suplicatorio es un proceso largo -dura entre tres y cinco meses- y en la mayoría de los casos no ve la luz: es decir, que los eurodiputados optan por mantener la inmunidad de su colega. Así lo muestran las cifras oficiosas que maneja la Eurocámara: desde 1979 se han tramitado al menos 129 suplicatorios, y sólo un 30% de ellos tuvieron como resultado la pérdida de inmunidad del aforado. En el último año, sin embargo, ha cambiado la tendencia y han sido mayoría (60%) los casos en los que la Eurocámara ha levantado la inmunidad de alguno de sus miembros.

El porcentaje de suplicatorios concedido ha pasado del 30% al 60% en el último año

El proceso para levantar la inmunidad se prolonga de tres a cinco meses

Los datos también muestran que los suplicatorios son más frecuentes en el Parlamento salido de la última ampliación de la UE, que cuenta con 785 diputados y donde anidan formaciones y políticos de lo más pintoresco, como los partidos de extrema derecha recurrentemente en el banquillo por negar el Holocausto.

El procedimiento, en cualquier caso, comienza en el país del que procede el eurodiputado, en este caso España. Allí, las autoridades judiciales serán las encargadas -tras su paso por el Congreso- de emitir el suplicatorio, que llegará a Bruselas de mano de la Representación Diplomática de España ante la Unión Europea, que la hará llegar hasta el Parlamento Europeo. El régimen de aforamiento de los eurodiputados no es el mismo para todos, sino que se les aplica el de sus respectivos Estados miembros.

Una vez en la Eurocámara, el presidente lo anuncia en el pleno siguiente y se pone en marcha el proceso, que se desarrolla fundamentalmente en la comisión de Asuntos Jurídicos, formada actualmente por 28 miembros, y donde el Partido Popular Europeo constituye el grupo mayoritario. Allí, se nombra un ponente -si el encausado es popular el ponente suele ser socialista y viceversa- que redactará un informe que debe votar la comisión primero y el pleno de la Eurocámara, con sede en Estrasburgo (Francia), después. "En el 99% de los casos el pleno respalda el voto de la comisión de asuntos jurídicos", explican fuentes parlamentarias.

El encausado tiene derecho a explicarse ante la comisión de asuntos jurídicos y defender su posición. Algunos eurodiputados en el pasado han pedido que se les levante la inmunidad para poder acudir a juicio y defenderse.

El voto del pleno decidirá si se suspende su inmunidad, por considerar que los actos del encausado nada tienen que ver con su naturaleza de eurodiputado y por lo tanto la justicia española puede proceder contra él, o por el contrario se mantiene el aforamiento y quedará protegido de las causas de la justicia nacional.

Estos son algunos de los casos recientes de suplicatorios en el Parlamento Europeo:

- Bruno Gollnisch. Negar el holocausto. Uno de los casos más sonados fue el del eurodiputado francés del Frente Nacional Bruno Gollnisch, acusado en 2005 de negar el Holocausto. Presidente del recientemente creado grupo ultraderechista Identidad, Soberanía y Tradición, Gollnisch perdió la inmunidad por 13 votos a favor del levantamiento y tres en contra y tuvo que comparecer ante el tribunal de Lyon, que le juzga por negacionismo. Lo mismo le sucedió a Jean Marie Le Pen, cuyo suplicatorio pidió la justicia alemana en 1998 después de que el líder del Frente Nacional y aspirante al Elíseo en Francia dijera que "las cámaras de gas son un detalle de la historia de la Segunda Guerra Mundial".

- Claudio Fava. Difamación. El caso contrario es el del eurodiputado socialista italiano Claudio Fava, autor del informe sobre los vuelos de la CIA, y al que la justicia en Sicilia acusó de difamación por la publicación de un artículo en el que denunciaba un caso de corrupción mafiosa en la isla italiana. La comisión de asuntos jurídicos decidió por unanimidad en 2005 mantener la inmunidad parlamentaria de Fava.

- Gérard Onesta. Destrucción de campos de cultivo transgénicos. Al eurodiputado verde Gérard Onesta el Parlamento Europeo le denegó la suspensión de inmunidad el año pasado y tuvo que comparecer ante la justicia francesa, acusado de haber participado en la destrucción de unos campos de cultivos transgénicos. En aquella ocasión hubo unanimidad entre los miembros de la comisión de asuntos jurídicos para levantarle la inmunidad.