La soga en casa del ahorcado

Los viejos partidos de clase o confesionales contaban de forma casi exclusiva con las cuotas y las horas de trabajo gratuito de los militantes para mantener las sedes, organizar los mítines, costear la prensa y pagar las campañas. Pero la dinámica democrática ha convertido a esas asociaciones voluntarias en las verdaderas operadoras del sistema político, situadas en un limbo constitucional equidistante del Estado y de la Sociedad Civil. Los partidos reciben ahora sustanciosos fondos presupuestarios para sus gastos electorales y de funcionamiento; los miles de cargos electos de las diversas Administraciones, designados en la práctica por las direcciones partidistas, son un yacimiento de empleo y de patrocinio controlado por la cúpula de unas organizaciones fuertemente jerarquizadas.

Rajoy predica en el feudo de Jaume Matas el Código de Buenas Prácticas del PP

Pese a que la propaganda electoral en los medios de comunicación públicos sea gratuita, las campañas publicitarias rompen el techo máximo de gastos legalmente autorizado. La manifestación primigenia de la corrupción política en las democracias modernas es precisamente la financiación irregular de los partidos, que reciben por debajo de la mesa el dinero necesario para satisfacer su bulimia monetaria a cambio de favores.

La capacidad de gasto conspicuo de los partidos no tiene límites. Los tiempos muertos entre elecciones están cubiertos por una proliferación de caros y vistosos congresos y convenciones. Aumenta así el déficit de la tesorería partidista; y también se amplían los espacios disponibles para la invasión del ámbito público por la iniciativa privada y de las motivaciones altruistas por el afán de lucro. El caso Gürtel ha mostrado cómo esos espectáculos político-circenses -con sus infladas facturas de azafatas, claques, acarreos, alfombras rojas, charangas y banderas al viento- subarrendados por los partidos o por las administraciones públicas bajo su control a empresas privadas suelen añadir la estafa al despilfarro.

La XV Interparlamentaria del PP celebrada en Palma de Mallorca el pasado fin de semana pertenece a ese género de encuentros público-festivos organizados para mantener viva la movilización de los votantes y para ocupar los titulares de los medios de comunicación en los fines de semana de las temporadas bajas. Cualquier asunto es bueno para nutrir la agenda de esos superfluos acontecimientos: por ejemplo, un reciente sondeo realizado en Andalucía, que sitúa al PP casi dos puntos por encima del PSOE tras casi 30 años de ininterrumpida hegemonía socialista, sirvió a los dirigentes populares para elevar la moral de sus militantes como irrefutable prueba del nueve del supuesto vuelco irreversible producido en la opinión pública española.

La amenazadora propuesta avanzada por el Ayuntamiento de Vic (gobernado por CiU, PSC y ERC) para excluir del padrón municipal a los inmigrantes que carezcan de permisos de residencia y de trabajo en España también fue mencionada en su discurso de cierre de la XV Interparlamentaria del PP; el acuse de recibo de Rajoy sonó de manera inquietante, pero la oscuridad y la imprecisión de sus términos impiden conocer hasta qué punto el líder del PP avala la brutal medida -como a primera vista parece- del Ayuntamiento de Vic para excluir a los inmigrantes irregulares de los servicios públicos de salud y educación.

No parece, en cualquier caso, que los planificadores del programa de eventos político-mediático del calendario del PP hayan acertado al elegir como escenario de la XV Interparlamentaria una comunidad batida por los escándalos de corrupción desde la presidencia de Gabriel Cañellas hasta la reciente etapa de Jaume Matas, el último presidente del PP implicado en el escándalo del Palma Arena e investigado judicialmente por la compra personal de un palacete. Parece una provocación o una broma de mal gusto que a las dos semanas de promulgación del Código de Buenas Prácticas del PP, sedicentemente dictado para vigilar "el digno ejercicio de la actividad política" dado que "no es posible exigir regeneración a los demás si previamente no se asume un compromiso de autoexigencia", Rajoy haya comparecido en Palma como el nuevo Moisés de la ética política. ¿No es una temeridad o un descaro haber mencionado la soga en la casa del ahorcado sin concretar siquiera su apellido y defender a renglón seguido la presunción de su inocencia?