"Es un sinvivir no saber por dónde reventará esto"

A un día de que los jueces celebren en toda España juntas simultáneas para debatir si hacen huelga, y, en ese caso, si el mes que viene o en junio, EL PAÍS ha entrado en el despacho de cinco de ellos para conocer sus vicisitudes diarias. Jueces de Madrid, Sevilla, Barcelona, Castellón, y Ourense dibujan un catálogo de problemas que se resumen en uno: la falta de medios.

MADRID El doble de lo recomendado

Carmen Valcárcel es una avezada magistrada de la plaza de Castilla, en Madrid. Tiene 50 años y es vicedecana de los 54 juzgados dedicados a investigar delitos en la capital. Sorprende verla fuera de su despacho, delante de un ordenador, rodeada de legajos. "Un tramitador está de baja y tengo que hacer su tarea; no hay sustituto", alega. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 acaba de salir de una guardia: 18 juicios rápidos, orden de internamiento de seis extranjeros e interrogatorio de seis detenidos. Aparte de la tarea de su juzgado, hace tres guardias al mes. Cobra "4.200 euros por todos los conceptos; trienios, guardias...".

Llega al juzgado a las 9.30 y sale a las 15.00. Por las tardes también trabaja. "Casi todos hacemos los juicios de faltas el jueves para redactar las sentencias el fin de semana. O te llevas trabajo a casa o el juzgado se hunde". Ahora tiene 700 causas en trámite. Casi el doble de lo aconsejable. "Hemos reventado. Íbamos por una carretera de cuarta, pero con exigencias de una autopista. Ahora es un sinvivir no saber por dónde te va a reventar el juzgado".

Valcárcel justifica el enfado de los jueces que mañana realizarán su tercera huelga encubierta desde que estalló el caso Mari Luz. "Todos podemos ser el juez Tirado mañana", reitera. Con un millón de habitantes más en Madrid y una delincuencia mucho más peligrosa, sólo hay 54 juzgados de instrucción ("ocho más que hace 20 años"). La promulgación de leyes represivas "insuficientemente dotadas" de dinero es otras razones del colapso, opina. La de Seguridad Vial invade ahora las guardias. "Sólo en la capital hay 15 ó 20 asuntos diarios".

Valcárcel dirige su mirada al ordenador de su despacho. "Puede parecer increíble, pero yo no sé lo que pasa en el juzgado de al lado. Tener ordenador no significa que estemos informatizados".

IGUALADA Edificio nuevo, problemas antiguos

El partido judicial de Igualada (Barcelona) tiene cinco juzgados, todos ocupados por mujeres de entre 29 y 32 años. La Generalitat inauguró hace 14 meses un nuevo edificio, pero las juezas explican que persisten los problemas de la justicia. La carga de trabajo en Igualada supera entre un 60 y el 100% el límite que el Consejo del Poder Judicial considera razonable. "Necesitamos más funcionarios, no un edificio nuevo que ha diseñado alguien que no sabe cómo funciona un juzgado", explica Marta Forcada, titular del Juzgado número 3 y decana. Las juezas explican que hace meses que piden refuerzos de personal y que la Generalitat lo deniega alegando falta de presupuesto. Para que el juzgado funcione bien es básico que los funcionarios estén formados y el personal que han tratado es muy dispar.

Amparadas en las escasas atribuciones legales que tienen ahora, las

secretarias judiciales pasaban la mañana mirando el techo de la sala de vistas ya que ahora son las cámaras las que graban los juicios para cumplir con el cometido de dar fe pública.

Los ordenadores son nuevos, pero no están dotados de programas informáticos eficientes, explican las juezas. "La Administración Tributaria estaría hundida hace tiempo con este sistema", asegura Rosa Maria Font, una de los 271 jueces de España que han suscrito la propuesta que se votará en las juntas de mañana.

CASTELLÓN Un juzgado que funciona

El juzgado de Instrucción número 1 de Castellón es distinto de todos los que cobija la Ciudad de la Justicia de la capital de La Plana. Funciona. En 2008 instruyó 5.500 diligencias. Por contraposición, su funcionamiento deja entrever algunos de los desatinos que chirrían en otros juzgados. A las 9.00 está todo el personal en marcha. En el 1, los abogados no han de apuntar en una lista las diligencias que quieren consultar y volver al día siguiente para tener acceso a ellas, sino que se les facilitan en el momento. Los viernes los aprovecha el juez Horacio Badenes, que el año pasado dictó 600 sentencias penales, para atender los trámites que la semana acumula como urgentes. Una causa con preso, lo es. "Lo peor son las guardias; es una semana que se hace muy pesada y que paraliza todo lo demás", alega.

La plantilla de este juzgado es una de las más estables de Castellón. Quizá por eso también han desarrollado ellos mismos un sistema informático de alertas para controlar los requerimientos de cobro. Entre ellos los almuerzos no se eternizan y cobran lo mismo que el resto de sus compañeros, entre 21.000 y 27.500 euros al año, sin contar especificaciones y dependiendo del trabajo que realiza cada cual.

SANLÚCAR LA MAYOR Al fin, un ordenador nuevo

Cuando el titular del juzgado número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) llegó el viernes a su despacho, se llevó una de las pocas sorpresas gratas de los últimos meses. Le iban a cambiar el ordenador. "¡Por fin! Después de tantos escritos...". La máquina que hasta la semana pasada presidía el despacho del juez Javier Carretero tardaba unos 20 minutos en abrir el sistema Adriano, el que usan los jueces, secretarios y funcionarios de Justicia andaluces. En ocasiones ni podía acceder a las bases de datos del Poder Judicial. Para que se lo cambiaran, Carretero asegura que ha tenido que enviar más de una decena de escritos a la Consejería de Justicia.

Los tres juzgados de Sanlúcar la Mayor atienden a 16 pueblos de la provincia de Sevilla, con una población de 100.000 habitantes de derecho. Su carga de trabajo supera con mucho la recomendada por el Poder Judicial. En 2008, entre los tres juzgados tramitaron 7.978 asuntos, lo que equivale a unos 2.600 por juez, casi siete veces más del módulo (380 asuntos). Sólo en la primera quincena de 2009, en el juzgado de Carretero han ingresado 115 demandas civiles, casi un tercio de las que debería ingresar en todo el año.

"Siempre se dice que hay dos justicias, la de los pueblos y la de las capitales. ¿Por qué un ciudadano de pueblo tiene una justicia de menos calidad?", se pregunta el juez. Los funcionarios de Sanlúcar la Mayor han pedido hacer horas extra por las tardes, pero aseguran que la Junta se las ha denegado por falta de presupuesto. El juez sí que se lleva trabajo a casa. "Nuestra jornada no acaba aquí. Por la mañana es casi imposible poner una resolución. Hay juicios, tienes que atender a los funcionarios, a abogados y procuradores, tomar declaraciones. Por la tarde trabajo otras tres o cuatro horas. Algunos días, más. Ésa es la jornada normal de un juez".

OURENSE "No puedo con todo"

La titular del Juzgado de Violencia de Ourense, Rosa García, resoplaba el viernes en su despacho de la Audiencia. Acababa de saber que tres de los cuatro funcionarios de su departamento se ausentaban por bajas laborales y asuntos propios. "No puedo con todo, es imposible" se queja. Además de una media de 20 juicios de faltas que celebra en una mañana, debe hacer frente a los asuntos de violencia machista, ya que la provincia carece de juzgado específico, "y no cobro un plus por ello, ni tampoco lo quiero; sólo necesito más medios".

García asegura que se lleva cada tarde a casa los deberes. "¿Cuándo, si no, puedo poner las sentencias? En la jornada laboral no me da tiempo", sostiene. A mediodía del viernes la jueza se parapeta tras su mesa. "Muchos días no me atrevo a salir porque me esperan en el pasillo los que hayan quedado descontentos". Por su condición de única jueza de violencia en la provincia, Rosa García tiene guardias todos los sábados del año "y en ocasiones con un funcionario que no sabe escribir a máquina: es desesperante".

El sistema de elección de estos trabajadores es una queja extendida entre los jueces orensanos. El decano de Ourense, y presidente de la APM (Asociación Profesional de Magistrados) de Galicia, Antonio Piña, afirma que "cualquiera puede trabajar en el juzgado". Los aspirantes a cubrir las bajas "se inscriben en una lista con el único requisito de tener el bachiller y no tienen obligación de estar formados". Cuando llegan al juzgado "dos meses después de que se hayan cursado las bajas, nos encontramos con que no tienen los conocimientos necesarios".

Con información de José A. Hernández, Pere Ríos, María Fabra, Reyes Rincón y Cristina Huete.