La resistencia del alcalde de Boadilla complica la imagen de firmeza de Rajoy

Mariano Rajoy, Javier Arenas y Federico Trillo, tres pata negra del PP que llevan más de 30 años en política, curtidos en mil batallas y todos ellos ex ministros de Aznar, entraron juntos y con cara de circunstancia en la sala de prensa de Génova. Querían darle la mayor gravedad a la comparecencia del líder, la primera en un mes en su sede nacional, a pesar de la ristra de escándalos.

Los históricos del PP habían preparado con detalle la reacción del partido después de que EL PAÍS revelara que Francisco Correa, jefe de la supuesta trama de tráfico de intereses vinculada al PP que investiga el juez Garzón, presumía de haber entregado en mano 1.000 millones de pesetas al tesorero del PP, Luis Bárcenas.

El PP convoca un Comité Ejecutivo extraordinario para analizar la crisis

Arenas, Mato y Trillo comparecieron con Rajoy para dar idea del momento crítico

Todo estaba cuidado, hasta la escenificación, pero se fue al traste por un alcalde díscolo. Rajoy desmintió todo lo que dice Correa y anunció las medidas que toma el partido -abrir una investigación interna, personarse en la causa, pedir amparo al CGPJ por las filtraciones del sumario- y guardó para el final la noticia: "El alcalde de Boadilla [presuntamente implicado en la trama y veterano regidor de ese municipio residencial madrileño] ha puesto su cargo a disposición del partido y el PP de Madrid ha aceptado su dimisión. Ha dejado de ser alcalde".

Pero pocos minutos después, y a unos 200 metros de donde hablaba el líder del PP, en la puerta de la Audiencia Nacional, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, desmentía al presidente de su partido: "No he puesto mi cargo a disposición".

El estupor en la cúpula del PP fue inmediato. ¿Qué había pasado? Una rebelión en toda regla. El alcalde había sido citado a las 10.00 en Génova por Francisco Granados, secretario general del PP madrileño. Después de una fuerte presión, le convenció de que debía dimitir. Quedaron en que lo anunciaría después de hablar con Garzón. Granados llamó a Esperanza Aguirre y ésta a Rajoy para confirmarle la dimisión. Pero el juez le dijo al alcalde que, de momento, no tiene nada contra él, y González cambió de idea. Granados le llamó enfurecido: "¿Qué has hecho?". "Necesito más tiempo, Garzón me ha dicho que no hay nada contra mí", contestó el alcalde. "Ya no hay marcha atrás, la decisión está tomada, tienes que dimitir", zanjó Granados.

González se refugió en Boadilla, donde compareció con 14 de los 16 concejales del PP para mostrar su fuerza. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la dimisión. Entonces no quedaría ningún político", se defendió. El PP mantiene como presidente de la Diputación de Castellón a Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y de tráfico de influencias. A última hora, según Granados, González cedió a la presión y dimitirá finalmente.

El entuerto de Boadilla tapó la principal decisión tomada por Rajoy después de casi un mes de escándalos. El líder, presionado por barones, dirigentes rivales y afines que le exigían que moviera pieza, esperó de nuevo mucho tiempo -tres días-, dejó a algunos de los suyos a los pies de los caballos -sobre todo a Dolores de Cospedal, que el sábado recuperó Filesa y los GAL y negó que todo esto tuviera nada que ver con el PP- pero al final, con Arenas, Trillo, Ana Mato y Esteban González Pons aconsejándole, dio el puñetazo que muchos esperaban.

Rajoy defendió la honorabilidad del PP y aseguró que todo lo que tiene que ver con su financiación está supervisado por el Tribunal de Cuentas, pero confirmó la información de EL PAÍS. Admitió que él, como jefe de campaña en 1996 y 2000, conocía a Francisco Correa, que entonces, con su empresa Special Events, hacía todo para el PP. Y reconoció que en Génova se dio la orden de no trabajar más con él. "Supimos que utilizaban el nombre de la dirección del PP para obtener ventajas en algunos ayuntamientos del norte de Madrid". ¿Por qué no lo denunció?, le preguntaron. "Porque no vimos delito". ¿Y por qué no avisó al PP de la Comunidad Valenciana, que siguió trabajando con ellos? "Sólo avisamos a los municipios de Madrid aludidos de que ellos [Special Events] no hablaban en nuestro nombre", sentenció.

Rajoy ha convocado para mañana un Comité Ejecutivo Nacional extraordinario para tratar este asunto. De momento, el líder, que acaba de dejar en suspenso una inaudita investigación interna por el caso del espionaje, abre otra por la vinculación del PP con Special Events. Y anuncia expulsiones inmediatas para cualquier militante que se vea implicado. De momento han rodado cabezas en Madrid. Ahora la presión pasa a la Comunidad Valenciana, donde se refugiaron Correa y su socio, Álvaro Pérez. Todo, a menos de tres semanas de unos comicios clave. ¿Cree que esto afectará a las elecciones?, le preguntaron ayer. "Espero que no", sólo acertó a decir Rajoy.