El regreso a la concertación

El Gobierno, los sindicatos mayoritarios y la CEOE firmarán hoy con toda probabilidad un acuerdo dividido en apartados yuxtapuestos que incluyen la reforma de las pensiones cerrada la pasada semana (base del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el viernes), una declaración de intenciones sobre negociación colectiva (para dar preferencia a los convenios de empresa sobre los convenios de sector) y medidas de política activa de empleo (dirigidas a promover la contratación de 100.000 jóvenes). Los interlocutores prosiguieron ayer las conversaciones con el propósito de incorporar al documento sus posiciones comunes sobre directrices orientadoras de las políticas industrial y energética.

Hoy se firma el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y CEOE que incluye la reforma de las pensiones

En el discurso de clausura de la Convención Autonómica del PSOE, el presidente Zapatero anunció el domingo que este acuerdo es el símbolo del reverdecimiento de la tradición socialdemócrata de concertación social temporalmente eclipsada por culpa de la crisis económica. Se diría que los tres interlocutores han reflexionado sobre las consecuencias negativas -tanto para el interés general como para sus intereses particulares institucionales- del fracaso de las tentativas anteriores emprendidas para alcanzar entendimientos de carácter social y económico. La huelga general de septiembre contra la reforma laboral había dejado un regusto amargo tanto al Gobierno como a los sindicatos. Y la CEOE seguramente tuvo que aguardar al cese de su anterior presidente -perseguido por el Cobrador del Frac- para salir de su pasividad ensimismada.

La euforia por el entendimiento alcanzado ha llevado al presidente del Gobierno a dibujar incluso un paralelismo retórico con los Pactos de la Moncloa, comparación histórica que no resiste un análisis serio. Los verdaderos protagonistas de los acuerdos del otoño de 1977 fueron los partidos políticos, recién salidos de las primeras elecciones; los sindicatos y la patronal, todavía en pleno proceso de organización, tuvieron una participación en buena medida simbólica. Los Pactos de la Moncloa no se entienden sin el contexto de la transición del franquismo a la monarquía parlamentaria. Si la moderación salarial cortó la espiral de la inflación galopante y la política fiscal salvó de la quiebra al Estado, las medidas de fortalecimiento de las estructuras democráticas contribuyeron a rematar el nuevo edificio con la Constitución de 1978.

La reforma de las pensiones ocupa un lugar central en ese surtido variado de acuerdos como madre de todos los demás, que no habrían reunido por sí solos masa crítica suficiente para merecer los honores de una firma palaciega. La negociación con los sindicatos ha flexibilizado los términos de la propuesta del Gobierno sobre la edad de jubilación y el periodo de cotización para fijar el cómputo de las pensiones, pero no ha alterado sus líneas esenciales. Fiel al compromiso de enviar la reforma a las Cortes antes de finales de enero, hubiese o no entendimiento con los interlocutores sociales, el Consejo de Ministros dio el pasado viernes luz verde al anteproyecto de ley, que será enviado después al Congreso con la alta probabilidad de obtener la mayoría parlamentaria.

El PP tendrá que atarse bien los machos antes de tomar la decisión de poner palos en las ruedas de una reforma que cuenta ya con el apoyo de los sindicatos y la CEOE. Las orientaciones comunitarias recogidas en El libro verde resaltan el proceso de envejecimiento en toda la Unión Europea e invitan a una reforma basada en la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, la incentivación a la prolongación de la vida laboral y la restricción de las jubilaciones anticipadas.

En el Pleno del Congreso que aprobó el pasado 25 de enero el informe aprobado por la Comisión no permanente de seguimiento del Pacto de Toledo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular adelantó, sin embargo, que la subida de la edad de jubilación a 67 años era "una medida ineficiente e injusta" y acusó al Gobierno de hacer "curanderismo social y económico con el sistema de pensiones". Una tesis difícil de mantener si se recuerda que la esperanza de vida europea ha aumentado durante el último medio siglo en cinco años y podría hacerlo en otros siete en 2060; o que el envejecimiento de la pirámide poblacional en España de aquí a 10 años provocará una reducción de medio millón de personas en edad de trabajar y un incremento de casi 1.300.000 mayores de 64 años.