Un protocolo aprobado este año regula la identificación y repatriación de los cuerpos

La identificación, repatriación y entierro de los 17 militares españoles muertos ayer en Afganistán seguirá el Protocolo de Identificación de Víctimas de misiones en el extranjero, en vigor desde el 15 de enero pasado. Los familiares podrán comprobar la exactitud de las identificaciones una vez que los cuerpos se encuentren en España, según recoge el decreto. La norma se aprobó a raíz del caso del Yak-42, el accidente aéreo en el que fallecieron 62 militares en Turquía. Los forenses españoles erraron al identificar los 30 cadáveres que analizaron. Los médicos turcos identificaron correctamente a los otros 32.

Los errores en la identificación de los cuerpos de 30 de los 62 militares españoles muertos al estrellarse en Turquía el Yakovlev-42 ucranio que los trasladaba a España desde Afganistán, en mayo de 2003, centraron la comparecencia del ministro de Defensa, José Bono, ante el Congreso de los Diputados el 21 de octubre de 2004. Bono anunció ese día la elaboración de un Protocolo de Identificación de Víctimas que regirá ahora la recuperación, identificación, repatriación e inhumación de los restos de los 17 militares fallecidos ayer en Afganistán.

Cuando ocurrió la tragedia del Yak-42 y los errores que la siguieron el popular Federico Trillo-Figueroa era ministro de Defensa. Las claves del protocolo impulsado por Bono afectan sobre todo al proceso de identificación, donde los equipos españoles fallaron entonces clamorosamente.

El protocolo obliga a tomar muestras de ADN y sangre a todos los fallecidos en accidente durante misiones militares en el extranjero. Las radiografías de la arcada dental y la toma de huellas dactilares deberán acompañar también, siempre que sea posible, a esa recogida de pruebas.

Para evitar lo ocurrido con el Yak-42, donde existieron esas muestras de ADN, por ejemplo, pero no se consideró necesario analizarlas, el decreto estipula ahora que los "análisis médico- forenses" deberán corroborar siempre los resultados de las investigaciones.

Dicha normativa establece, sin embargo, que una vez recuperados los cadáveres, la investigación sobre la identidad de los fallecidos deberá atender también a "los indicios materiales y testimonios personales", así como los efectos personales y la documentación encontrados en el lugar del suceso. Todo ello deberá tenerse en cuenta desde un principio, por más que los análisis científicos tengan que confirmar los resultados.

La precisión no es gratuita, habida cuenta de que las equivocaciones en el caso de los militares muertos en Turquía no sólo se debieron a que no se analizaron las muestras de ADN. Los errores también derivaron de que no se comprobaron signos externos evidentes como alianzas, relojes o el color de la piel. Antes de saber por el ADN que la identidad de un soldado no correspondía al del enterrado en su nombre, se había descubierto, por ejemplo, que el reloj devuelto por el Ministerio de Defensa a su familia tampoco era el suyo.

18 documentos

Una vez concluidas las labores de identificación en el extranjero, que no deberán durar más de siete días, dice el texto, el "resultado de las pruebas deberá reflejar claramente el grado de certeza de la identificación y la necesidad o no de completarla en territorio nacional". Repatriados los cadáveres y concluida esa labor de investigación, los familiares dispondrán de 48 horas para comprobar la exactitud de las identificaciones. "En caso de manifestar su desacuerdo, se llevará a cabo un nuevo proceso de identificación", afirma el protocolo. El entierro, en todo caso, necesitará de la "conformidad de la familia", además de la expresa autorización judicial.

El protocolo prevé igualmente que los familiares reciban apoyo psicológico y médico por parte de las autoridades. El Ministerio de Defensa o, el del Interior, si se trata de agentes de policía, correrán con los gastos que se deriven del procedimiento.

Todo el proceso debe quedar recogido en una serie de documentos e informes, 18 en total, que van desde el parte de baja por parte del jefe de la unidad al jefe de la fuerza, hasta la autorización del sepelio por parte de la autoridad judicial correspondiente. Se trata de evitar así que se repita la repatriación de los cadáveres del Yak-42, realizada sin documentación. Los equipos médicos de la OTAN, bajo cuyo mandato están desplegadas las tropas españolas, iniciaron ayer el rescate de los cuerpos.