La presión de Génova obliga al PP valenciano a retirar su denuncia a las televisiones
El PSOE emplaza a los conservadores a "perseguir a los corruptos en lugar de manipular las cadenas"
La presión de Génova al PP valenciano surtió efecto. La dirección nacional ha obligado este jueves al PPCV a retirar la denuncia que presentó ayer ante la Junta Electoral contra cuatro televisiones que informaron sobre los imputados en las listas del 22-M. La vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, ha confirmado la noticia en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha recibido una nota con la decisión.
Mato ha dicho que "[el PP] respeta la autonomía de sus direcciones regionales", pero ha matizado que la libertad de prensa "está por encima de todo". Sobre las listas aprobadas por Génova, ha indicado: "Estamos muy orgullosos de nuestro código ético y creemos que las listas valencianas no van en contra de nuestro programa que se refiere a la regeneración".
La decisión del PP valenciano de quitar la denuncia contra las televisiones se produce después de que, a primera hora de este jueves, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, asegurase: "La libertad de prensa es sagrada". La frase, con tono de sentencia, ha sido pronunciada en Telecinco, que junto a RTVE, Cuatro y La Sexta, aparecía en la queja de los populares valencianos.
Tras las palabras de Pons, el portavoz socialista de la Comisión de Control de RTVE, Óscar López, ha asegurado que el PP "debería dedicarse a perseguir a los corruptos" que tiene su partido "y no a intentar manipular y censurar a las televisiones". "Es intolerable que en pleno siglo XXI el PP se dedique a intentar amordazar a la prensa y acabar con la libertad de información", ha añadido López.
Ante la polémica provocada por la reclamación, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, ha presentado finalmente a las dos de la tarde a la Junta Electoral Central el escrito en el que desiste de la queja. El escrito alega que se ha malinterpretado el sentido de la reclamación que planteaba, según el PP valenciano, "una cuestión estrictamente jurídica". Esto es, "si el uso del concepto imputado y corrupción pueden considerarse extrajurídicos y, por ello, ajenos al principio de neutralidad informativa que exige la ley electoral respecto a las informaciones de los medios de comunicación pública", según el documento. "En ningún momento el PP ha pretendido plantear un debate sobre el ejercicio del derecho a la libertad de información", alega ahora Clemente.
El secretario general del PP valenciano denunció en representación de ese partido ante la Junta Electoral a los directivos de las principales televisiones de España, RTVE, Tele 5, Cuatro y La Sexta, por una serie de vídeos informativos emitidos en esas cadenas el pasado sábado en los que se detallaba el número de implicados, acusados e imputados en casos de corrupción en las listas encabezadas por Francisco Camps para esa comunidad. El PP requería así a las televisiones, públicas y privadas, una rectificación de esas informaciones porque consideraba que no se sujetaron a los principios de respeto a la neutralidad informativa en campaña electoral. Las televisiones informaron entonces, como la mayoría de los periódicos y radios, de que en las listas autonómicas encabezadas por Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, y también en algunas de las municipales en teoría supervisadas por su dirección política, había 11 dirigentes del PP implicados en casos de corrupción, tanto de Gürtel, Brugal o por asuntos urbanísticos.
El PP sostuvo en su escrito ante la Junta Electoral que las televisiones vulneraron al hacer esas informaciones el artículo 62.2 de la Ley Electoral General y la instrucción, modificada el pasado 24 de marzo de la propia Junta, sobre la interpretación del principio de neutralidad informativa. En las mismas se especifica que en los periodos electorales los directivos de las cadenas de televisión y radio "deberán garantizar el respeto a los principios de pluralismo e igualdad". Y se exige a esas emisoras que deben asegurar la "proporcionalidad" y eliminar "el uso de términos" con algún tipo de "ánimo tendencioso". Ahora, el PP valenciano defiende que se trató de una cuestión "jurídica" y que no pretendió plantear un debate sobre la libertad de expresión.
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