"Es posible que lo hiciera, pero no me acuerdo"

Miguel Vicente Prim Tomás, diputado del Partido Popular por Castellón, de 60 años, ingeniero técnico agrícola, medió ante el ministerio de Agricultura para resolver el supuesto retraso en la concesión de autorizaciones para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios que había presentado la empresa de Vicente Vilar, según denuncia este último.

Vilar asegura que Prim actuaba a la orden de Carlos Fabra, el presidente del PP de Castellón, y se dirigía al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para hablar del asunto de los fitosanitarios de Naranjax y Artemis 2000.

Prim ejerce en el Congreso como vocal del grupo parlamentario popular en las comisiones de Presupuestos, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Cooperación Internacional para el Desarrollo.

"Nada que decir al respecto"

Miguel Prim aseguró ayer a este periódico que no recordaba "nada" respecto a aquellas mediaciones, que se debieron producir entre los años 2001 y 2002. "No tengo nada que decir al respecto", respondió cuando EL PAÍS le preguntó acerca de esa gestión ante el ministerio de Agricultura de la que le acusa el propio Vilar.

Después, el diputado nacional del PP recurrió a su memoria para evitar una contestación más precisa. "Es posible, pero no me acuerdo", añadió.

En la querella de Vilar contra el presidente del PP de Castellón se explica que pagaba importantes cantidades de dinero (de varios miles de euros) a Carlos Fabra a cambio de que las presiones políticas sobre los ministerios encargados de otorgar las autorizaciones para la venta de productos fitosanitarios se acelerasen.

El empresario reclama a través de su querella que los denunciados por él presten una fianza de 55.000 euros "para responder de los perjuicios causados, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes y derechos".

El juez aún no ha tomado ninguna decisión respecto a la admisión a trámite de la querella.