La policía destapa los tratos del presidente de la Audiencia de Las Palmas con 'narcos'

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) investiga un supuesto trato de favor de José Antonio Martín, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a un presunto narcotraficante al que juzgó y absolvió. Después se volvió a reunir al menos en dos ocasiones con él para interceder supuestamente por la libertad de su hermano, procesado por el mismo caso y en prisión provisional. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto suspender hoy cautelarmente de sus funciones a Martín.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas autorizó el pasado 15 de abril la intervención del teléfono móvil de una persona supuestamente implicada en una trama delictiva para la adjudicación fraudulenta de un concurso público para la concesión de un parque de energía eólica. Las conversaciones grabadas por la policía revelaron que la persona investigada podría estar implicada también en una trama para conseguir la impunidad de Rafael Bornia, un presunto narcotraficante que se encontraba en prisión provisional a la espera de juicio, investigado también por blanqueo de capitales.

En una de las llamadas desde el teléfono intervenido, realizada el 4 de mayo de 2005, su dueño conversó con una persona llamada Julio a la que recordó que tenían una cena con un tal José Antonio. Los investigadores consideran que el primero era Julio Bornia, hermano del presunto traficante de drogas, y el segundo -José Antonio- era el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Julio Bornia también fue procesado por narcotráfico en el mismo caso que su hermano, pero la Sección Primera de la Audiencia lo absolvió. El ponente de esa sentencia fue precisamente el magistrado investigado.

La cena a la que se refería esa conversación se celebró al día siguiente en un restaurante a las afueras de Las Palmas, donde, según fuentes de la investigación, Julio Bornia, José Antonio Martín Martín, el dueño del teléfono intervenido y otras dos personas se reunieron discretamente en una zona reservada del local.

El 30 de mayo, el propietario del teléfono volvió a actuar como intermediario entre el hermano del narcotraficante y el magistrado, según los investigadores. El presunto implicado en la adjudicación fraudulenta pidió al magistrado otra cita para Julio Bornia. El presidente de la Audiencia lo recibió esa misma noche en su propia casa junto al dueño del teléfono móvil.

Tras estos dos encuentros, el juzgado autorizó también la grabación de las conversaciones de Julio Bornia. En las llamadas registradas entre esos dos teléfonos se habló en varias ocasiones de la libertad de su hermano Rafael, que se encontraba en prisión provisional, según fuentes de la investigación. El intermediario transmitió tranquilidad al familiar del encarcelado diciéndole que estaban haciendo lo que podían y asegurándole que la trama seguía en marcha. A principios de agosto, el magistrado contactó de nuevo con el intermediario para aconsejarle supuestamente sobre el comportamiento que la defensa de Rafael debía seguir en el proceso para conseguir la libertad bajo fianza.

En grabaciones posteriores, los investigados hablan de la necesidad de concertar nuevas citas con el magistrado para tratar del asunto que se traen entre manos.

El juez puso el caso a disposición de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hace una semana. El órgano judicial se declaró ayer competente, dada la condición de aforado del acusado. El caso correspondió por turno a la magistrada Carla Bellini.

Suspensión inmediata

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) espera recibir esta mañana el informe de la fiscalía para suspender cautelarmente y de manera inmediata de sus funciones al presidente de la Audiencia, investigado por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El vocal territorial para Canarias del Consejo del Poder Judicial, Agustín Azparren, justificó la rapidez de la decisión en que la sugerencia para investigar ha llegado directamente de mano de un juez y no por una querella presentada por un particular, además de en la necesidad de "preservar la buena imagen de la Justicia y mantener intacta la confianza de la ciudadanía sobre esta institución". "Difícilmente se produciría esta confianza" si siguiera ejerciendo, cosa que hasta ayer hacía José Antonio Martín en los juzgados.