Un poder cada vez más irritante

La paradoja es que a medida que el Parlamento Europeo ha aumentado su poder político e influencia se ha ido convirtiendo en una institución cada vez más incómoda para los Gobiernos y la Comisión Europea. La prueba de este poder emergente es que tiene más de 5.000 lobbystas registrados, aunque realmente operan en su entorno más de 15.000. Una cifra cercana a los 17.000 que actúan en Washington. Y en la definición de lobbystas entran empresas, patronales, sindicatos, ONG, abogados y representantes de todos los intereses imaginables, que quieren incidir en sus resoluciones.

La influencia real del Parlamento Europeo no es fácilmente perceptible. Pero en la última legislatura (2004-2009) participó de manera determinante en la aprobación de más de 400 leyes (directivas o reglamentos), que afectan directamente a los ciudadanos en materias tan relevantes como energía, cambio climático, competencia, servicios, inmigración y leyes laborales-sociales. Además, ha sido el altavoz más potente en el plano internacional en la denuncia de violaciones de derechos humanos en cuestiones tan trascendentes como los vuelos secretos de la CIA y el campo de detención de Guantánamo. Por ello, cada vez más es vista como un incordio por parte de los Gobiernos representados en el Consejo y por la Comisión, al observar que se les escapa de las manos y a veces les saca los colores.

Además, durante los últimos años el Parlamento ha ido sufriendo la desafección generalizada de los ciudadanos ante las ambigüedades de la construcción europea, lo que se ha reflejado en un descenso o estancamiento de la participación en las elecciones, que ha descendido paulatinamente desde el 63% de 1979 al 45,7% de 2004. La realidad es que en los pasados comicios el bajón en cuatro puntos se debió sobre todo a la entrada de 10 nuevos Estados. En cinco de los nuevos países (Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa y Estonia), la participación fue inferior al 30%. En cambio, en cinco de los antiguos socios (Italia, Reino Unido, Holanda, Irlanda y Luxemburgo), los ciudadanos acudieron en mayor número a las urnas que en 1999. En los últimos cinco años, el impacto político de las decisiones de la Eurocámara no ha dejado de crecer. Sus pronunciamientos más emblemáticos fueron éstos:

- Rechazo de Buttiglione como comisario. En octubre de 2004, el Parlamento "alcanzó su madurez política", como señala su entonces presidente, Josep Borrell, al rechazar a Rocco Buttiglione como comisario de Justicia. La Cámara lo estimó no apto para el cargo porque consideraba la homosexualidad "pecaminosa" y que el objetivo de la familia era que la mujer tuviera hijos bajo la protección del esposo. "El Parlamento demostró que las audiencias a los comisarios no son un mero trámite, que no es un tigre de papel, y que puede ejercer sus competencias de forma responsable sin sumir a Europa en una crisis". Fue el primer gran pulso contra el Ejecutivo. Ahora, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, está horrorizado de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, que aún dará más poder a la Eurocámara y que tendrá en sus manos su propia renovación como presidente.

- Vuelos secretos de la CIA y Guantánamo. Pese a las presiones de los Gobiernos, el Parlamento aprobó un informe en febrero de 2007 que descubrió que "al menos 1.245 vuelos organizados por la CIA se registraron en el espacio aéreo europeo o utilizaron algunos de sus aeropuertos". El informe, promovido por el Comité de Libertades Civiles, presidido por Carlos Coello (PPE), y con Claudio Fava (PSE) de ponente, señala que ciertos países "han hecho la vista gorda" a los vuelos de la CIA, que "fueron utilizados para el transporte ilegal de detenidos". El informe se refiere a los "centros de detención secreta en países europeos que pueden estar localizados en las bases militares de EE UU", sin control de los países que las acogen. Los eurodiputados constatan que en la mayoría de los casos los detenidos fueron torturados en los interrogatorios. Y subrayan la falta de colaboración de los Gobiernos en la investigación, especialmente Austria, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido. En febrero de 2006, la Eurocámara fue la primera institución en pedir el cierre de Guantánamo, "en romper el silencio internacional", según Raül Romeva, eurodiputado de los Verdes.

- Protección de datos. El Parlamento rechazó las peticiones desorbitadas del Gobierno Bush, que exigía la recopilación de datos personales de los pasajeros y su archivo durante años. La Cámara llevó a la Comisión y al Consejo ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades por haber aceptado esta situación. Los jueces invalidaron el acuerdo. Washington aceptó que los datos confidenciales (raza, religión, partido político) no podían transmitirse de manera automática.

- Directiva de Servicios y Derechos Laborales. La eurodiputada socialista Evelyne Gebhardt, con apoyo de los conservadores, dio la vuelta al antiguo proyecto de la directiva de servicios propuesta por el comisario Frits Bolkestein que, con el pretexto de liberalizar los servicios en la Unión, laminaba el derecho social. El Parlamento eliminó "el principio del país de origen", propuesto por la Comisión, que permitía a los empresarios trasladar a los trabajadores aplicándoles las condiciones salariales y convenios del país de origen y no del de destino. El texto fue rechazado por Izquierda Unitaria, Verdes y socialistas franceses.

- 'Directiva de la vergüenza', sobre retorno de emigrantes. Ha sido la ley más polémica y disparatada de la legislatura. Para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes indocumentados y armonizar los periodos máximos de detención, la directiva autoriza su internamiento hasta 18 meses, aunque no exista acusación de delito alguno. Las órdenes de detención administrativas de los sin papeles no precisan ratificación judicial en 72 horas como en el resto de ciudadanos. Los menores no acompañados pueden ser repatriados a países distintos al de su origen. Ninguna de las enmiendas socialistas, de los Verdes y de Izquierda Unitaria pudo parar el golpe apoyado por la fuerte presión de los Gobiernos.

- Registro y autorización de productos químicos. La directiva REACH, sin precedentes en ningún otro país y aprobada en 2006, obliga a los fabricantes a registrar y a demostrar la seguridad de más 30.000 de las 100.000 sustancias químicas existentes en el mercado. El Parlamento, tras tres años de debates, halló un equilibrio entre la protección de la salud y del medioambiente, por un lado, y asegurar la competitividad de la industria química, respaldada por los poderosos lobbys del sector. La directiva, que obliga a la sustitución de las sustancias más peligrosas con alternativas más seguras, contó con el apoyo de los Verdes, el grupo más exigente en esta materia.

- Semana de 48 horas y 'opting out' para Reino Unido. La directiva sobre el tiempo de trabajo terminó en tablas. Gracias a los trabajos del eurodiputado socialista Alejandro Cercas, el Parlamento impidió que se estableciera la semana laboral máxima de 65 horas en lugar de las 48 vigentes desde 1993. Pero los eurodiputados no pudieron acabar con el opting out logrado aquel año transitoriamente por los británicos, que les exime de este límite de horas semanales y permite los contratos individuales al margen de los convenios y de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. La excepción del Reino Unido se ha extendido de manera general en cinco países y, sectorial, en 11. Un boquete al derecho laboral.

- Regulación financiera. El Parlamento fue el primero en advertir de los riesgos para la estabilidad financiera de la falta de regulación. Desde 2004, ha pedido la regulación de los fondos de capital riesgo, la transparencia de los inversores institucionales y que se fortalezca la supervisión financiera. Al carecer de iniciativa legislativa, el Parlamento se amparó en el artículo 192 del Tratado para instar a la Comisión que presentase propuestas de regulación sobre la situación financiera. Finalmente, la Comisión presentó una regulación sobre los fondos especulativos (hedge funds) que según Poul Nyrup Rasmussen, presidente del PES, "tiene más agujeros que un queso de suizo".