Los peritos ratifican que los Fabra defraudaron 1,5 millones a Hacienda

Las arcas públicas tienen 1,5 millones de euros menos de lo que deberían ya que, según los peritos, esa es la cantidad que dejaron de ingresar en Hacienda el aún presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su exesposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004. Los Fabra, según los inspectores, no cumplieron con sus obligaciones fiscales ni en 1999 ni en 2000 ni en 2003. Carlos Fabra tampoco lo hizo en 2002 cuando, al igual que en años anteriores, su declaración le salió a devolver.

Los peritos judiciales ratificaron ayer, ante el titular del Juzgado número 1 de Nules, el segundo informe sobre la investigación patrimonial de Fabra y su exesposa. El documento señala a Carlos Fabra como presunto autor de un total de cuatro fraudes fiscales, mientras que a Fernández se le hace responsable de otros tres. Los inspectores sostienen que estos supuestos fraudes proceden de un sinfín de ingresos sin justificación registrados en sus cuentas. "De acuerdo con la normativa, dichos ingresos deben ser calificados como ganancias patrimoniales no justificadas", indica.

El Supremo ha de decidir si se le puede juzgar por el supuesto fraude

Tal como explicaron ayer ante el juez, los peritos realizaron este segundo informe (en abril de 2010 presentaron el primero) considerando la información que contenían los "contrainformes" elaborados por el auditor de Fabra, la documentación aportada por el imputado, los errores detectados y "la depuración de inexactitudes apreciadas". Con todo ello, concluyen que los Fabra defraudaron 1,5 millones de euros y que ingresaron en sus cuentas, durante esos años, más de 3,3 millones de euros de origen no justificado. Así, los inspectores sostienen que de los 3,6 millones iniciales que señalaron como ingresos sin documentar, los Fabra solo han podido demostrar el origen de unos 300.000 euros, es decir, el 9% del total.

Tras las conclusiones de aquel primer informe pericial, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.

En cualquier caso, aún no se sabe si Carlos Fabra será juzgado por tres de los cuatros fraudes al fisco que le atribuyen los peritos. En diciembre, la Audiencia Provincial de Castellón declaró prescritos todos los delitos fiscales excepto uno. La Audiencia consideró que el inicio de la investigación sobre el incremento patrimonial del presidente de la Diputación no implicaba el acto jurídico suficiente para paralizar los plazos de prescripción. De esa manera, el plazo solo se podía considerar paralizado para el fraude supuestamente cometido en 1999, que fue el único ejercicio por el que la Agencia tributaria presentó una denuncia.

La prescripción está recurrida ante el Supremo por Anticorrupción y por la acusación popular, pero Fabra ha presentado otro recurso para que este tribunal no revise el caso.