El pacto contra los tránsfugas vuelve a fracasar en 16 ayuntamientos
En 2008 hubo más desertores del PSOE y se beneficiaron más alcaldes del PP
Los 13 principales partidos políticos y el Gobierno de entonces, del PP, se comprometieron el 7 de julio de 1998 a "impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas". Lo ratificaron de nuevo en 2000 y otra vez en 2006 (ya bajo Gobierno socialista, y sumándose tres partidos más). Todos estaban de acuerdo en que el transfuguismo es "una patología política del sistema" a la que el Derecho no ofrece solución, así que se decidieron a dar una respuesta política: decidieron pactar un código de conducta.
Diez años después, el Pacto Antitransfuguismo está lejos de ser la panacea: 164 casos de transfuguismo en este tiempo (de un total de 477 denuncias), 16 de ellos el año pasado. Más de 150.000 ciudadanos viven en localidades con políticos que sólo en 2008 fueron declarados tránsfugas.
10 años después de la firma del acuerdo se han registrado casi 500 denuncias
PSOE y PP suelen expulsar a sus tránsfugas -concejales que abandonan la disciplina del partido por el que fueron elegidos, se atrincheran en el escaño y, por lo general, favorecen cambios de gobierno-, pero no renuncian a las alcaldías logradas con apoyo de tránsfugas ajenos. Aun así, ambos partidos están satisfechos con el balance de esta década y no ven necesario un nuevo texto.
La Comisión de Seguimiento del pacto, que depende del Ministerio de Administraciones Públicas y cuenta con representantes de los 16 partidos firmantes, estudió en 2008 una treintena de denuncias por mociones de censura sospechosas en ayuntamientos españoles, y confirmó que en 13 casos hubo transfuguismo.
Otros tres casos -Firgas, Mengíbar y Calonge- fueron añadidos por la Comisión de Expertos Independientes, órgano formado por cinco juristas de prestigio que tiene la última palabra cuando los partidos no se ponen de acuerdo.
¿Qué consecuencia tiene esa declaración? Según el pacto, cuando la comisión señala a un tránsfuga debe ocurrir lo siguiente: el partido por el que fue elegido debe expulsarlo; el resto de grupos, negarse a acogerlo en su seno; y todos se comprometen a no utilizar ese voto para "constituir, mantener o cambiar" el gobierno local.
Las dos primeras cuestiones, generalmente, se cumplen; la tercera no. Además, los partidos se comprometen a no incluir al tránsfuga en sus listas electorales en siguientes convocatorias electorales.
De los 16 casos de 2008, siete beneficiaron al PP, cinco al PSOE, tres a CiU y uno a un partido local. Hubo más tránsfugas socialistas, pero más alcaldes populares que se beneficiaron de ello.
PP y PSOE no se ponen de acuerdo en cuál de las dos cosas es peor: si tener al tránsfuga en sus filas o aprovecharse de él (cada uno señala el pecado del contrario). Sí coinciden en que, aunque mejorable, 16 casos sobre un total de 8.112 ayuntamientos es una cifra ínfima (aunque de esos 8.112 municipios hay más de 5.000 en los que la ausencia de tránsfugas puede deberse, simplemente, a que el partido que gobierna lo hace con mayoría absoluta).
Además de los 16 casos confirmados y otros 14 estudiados, la comisión constató que el pasado año hubo otras 46 mociones de censura (éstas sin denuncia de transfuguismo) para cambiar gobiernos salidos de las urnas. Entre 1995 y 1998, los años previos a la firma del Pacto Antitransfuguismo, se habían producido 99 mociones de censura (con o sin tránsfugas). Sólo en 2008, cerca de 80 mociones en total.
Un código de conducta asumido por 16 partidos
El Pacto Antitransfuguismo -llamado Código de Conducta Política- fue firmado en 1998 por PP, PSOE, IU, Convergència Democrática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, PNV, CC, ICV, BNG, ERC, EA, Unió Valenciana y Partido Aragonés. En 2006, se unieron la Chunta, UPN y el Partido Andalucista. Éstos son algunos de sus postulados:
- "Imprescindible buscar [...] compromisos de comportamiento político, con los que superar las situaciones de inestabilidad de gobierno provocadas por conductas particulares".
- "[Los firmantes] se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, [y] a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos".
- "Los nuevos reglamentos establecerán que los concejales que abandonen los partidos en cuyas candidaturas resultaron elegidos no pasen al Grupo Mixto, sino que se organicen a partir de la creación de la figura de No Inscritos [...] y actúen en la corporación de forma aislada, sin que puedan percibir los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos".
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