La 'ley de plazos' y la Constitución

El sábado pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, comúnmente conocida -sobre todo por sus críticos- como nueva ley del aborto. La iniciativa está destinada a servir de fulminante a una de esas obscenas, horrísonas y contraproducentes escandaleras que organizan la jerarquía eclesiástica y la derecha tridentina para salir a la calle, llamar asesinos a los votantes socialistas e intimidar a los creyentes con las penas de la excomunión y del infierno.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo se encargó de resaltar que el Consejo de Ministros tomó en consideración algunas observaciones críticas del dictamen del Consejo de Estado. Es probable que los socialistas se reserven un cierto margen de maniobra en la tramitación parlamentaria para añadir a esas leves correcciones las enmiendas de mayor calado propuestas por otros grupos parlamentarios con el propósito último de reunir la mayoría absoluta requerida para sacar adelante las leyes orgánicas. Dentro de esas rectificaciones podría estar la necesidad de que las menores de edad -entre 16 y 18 años- informen cuando menos a sus padres de la decisión de abortar. El PP ha convertido este polémico punto, que también divide a los socialistas, en piafante caballo de batalla; su secretaria general, Dolores de Cospedal, cruzó la frontera del buen gusto y del juego limpio en las confrontaciones político-partidistas al utilizar con ese fin el episodio neoyorquino de las fotos pixeladas de las hijas del presidente Zapatero: "¿Es sostenible proteger a una menor para que no se le vea la cara y permitir, sin embargo, que pueda abortar sin que se entere su padre?".

La falta de austeridad retórica del proyecto de ley del aborto amenaza con transformarlo en un manifiesto ideológico

Pero el blanco de los ataques contra el proyecto de ley del aborto lanzados por los representantes del Vaticano en España y por la derecha nacional ultramontana a su rebufo no se limita al rudo tratamiento de las relaciones paterno-filiales de las gestantes. La cuestión central es la introducción en España del sistema de plazos -la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la mujer- para complementar los supuestos despenalizadores establecidos por la ley 9/1985, que también quedan actualizados a fin de evitar las aplicaciones disfuncionales, laxas o abusivas registradas desde su promulgación. Conviene advertir que la actitud del PP a este respecto no trasluce una hipocresía paradójica, sino una desvergüenza descarada. El mismo partido que incendió el país hace 24 años para impedir la aprobación de la norma despenalizadora del aborto, que obstruyó su promulgación mediante un recurso previo de inconstitucionalidad y que desaprovechó la permanencia durante ocho años seguidos de Aznar en el Gobierno -cuatro con mayoría absoluta- para derogarla o modificarla, se alza hoy con descaro como campeón de la ley 9/1985.

El informe del Consejo de Estado no sólo recuerda a los desmemoriados que el sistema de plazos está ampliamente generalizado en toda Europa y que su introducción en España permitirá resolver muchos problemas irresueltos por la anterior normativa. También señala que la nueva fórmula tiene cabida en la Constitución de 1978; sólo una interpretación torticera de la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre la anterior ley del aborto podría llevar a la falsa conclusión contraria.

El catedrático Francisco Laporta viene denunciando desde hace años el creciente deterioro de calidad de la producción legislativa: el proyecto de ley del aborto confirma esa deriva. La incomprensible inclusión de esa iniciativa en el Ministerio de Igualdad, en vez del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Sanidad, probablemente habrá contribuido a las deficiencias técnicas de su contenido señaladas por el informe del Consejo de Estado. No se trata de purismos académicos: las declaraciones de principio superfluas y las definiciones doctrinales imprecisas -abundantes en la exposición de motivos- siempre dificultan la aplicación e interpretación de las normas. La falta de austeridad retórica del proyecto de ley del aborto -advierte el Consejo de Estado- se traduce en conceptos valorativos cargados de afectividad y amenaza con transformar una norma de por sí moralmente polémica en un manifiesto ideológico dominado por "una enfática pretensión catequética".