El juez sitúa a Camps en la antesala de ser juzgado por un delito de cohecho

José Flors, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), abrió ayer el camino para sentar en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia a un presidente de la Generalitat Valenciana. Flors, en un auto demoledor, sostiene que hay "indicios racionales suficientes" para creer que Camps ha podido incurrir en un delito de cohecho por haber aceptado regalos de la trama corrupta ligada al PP y liderada por Francisco Correa. Flors ha convocado para el día 15 una vista previa para decidir si Camps acaba en el banquillo ante un jurado popular.

La noticia de la imputación de Camps provocó la inmediata reacción de la oposición. Los socialistas valencianos exigieron la dimisión inmediata del presidente valenciano. Esquerra Unida y Compromís, los otros dos grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes Valencianas, reclamaron, además, la convocatoria de elecciones anticipadas.

El PP sostiene que ningún dirigente pedirá la dimisión de Francisco Camps

El juicio contra el presidente se celebraría con jurado popular

El auto de Flors es contundente y deja en una posición muy desairada a Camps, del que dice que faltó a la verdad en sus declaraciones. El texto del magistrado es meridianamente claro cuando, refiriéndose al pago de unos trajes, dice: "No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes como afirmó el Sr. Camps en su declaración, pues el contenido de los documentos del pago en efectivo que han sido aportados a la causa (...) no se corresponde ni con el número de prendas, ni con la cualidad de los trajes a medida, ni coinciden tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos".

Esta no es la única referencia al escaso rigor del presidente valenciano en sus manifestaciones. El auto también señala que "en la primavera de 2007, Francisco Camps encargó [al sastre José Tomás] dos americanas a medida y algún pantalón, llevándose también en esa ocasión dos pares de zapatos de piel de potro (...). El Sr. Camps admitió haberse llevado un solo par de zapatos, cuyo precio de 120 o de 130 euros dijo haber pagado en el acto y en efectivo". Los hechos, según el juez, fueron de otra manera: "De los documentos de pago en efectivo (...) no se desprende la realidad de ese pago en metálico, pues no coinciden dichos documentos con la fecha, ni con el precio, ni con la clase de género correspondiente a dichos zapatos. Su precio, por tanto, debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos".

Un sistema que consistía en que las compras que hicieran determinadas personas, tanto en las tiendas de Milano, primero, como en las de Forever Young después, no les fueran cobradas en caja y se anotaran en una cuenta de Álvaro Pérez.

En esa cuenta se cargaron también los gastos del secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos estos hechos llevan al magistrado a la conclusión de que los indicios que impulsaron a Baltasar Garzón a comenzar su investigación, no sólo están fundamentados, sino que además su "verosimilitud inicial ha alcanzado el grado de realidad muy probable".

Todo este cúmulo de realidades, aparentemente, no ha alterado la hoja de ruta del PP, que no está dispuesto a dar un paso atrás ni para tomar impulso en la defensa numantina de Francisco Camps. Fuentes de la dirección nacional del PP señalaron que Camps no dimitirá de su cargo ni aún en el supuesto de que fuera condenado. "Recurriremos hasta Estrasburgo si es necesario", dicen, aunque no creen que sea necesario llegar tan lejos.

Sostienen los populares, con la fe del carbonero, que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ va a aceptar los recursos de la defensa de los imputados. Una sala que estará compuesta por tres magistrados conservadores, José Francisco Ceres, Juan Montoro y el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, que intervendrá ante la ausencia del único juez progresista, Juan Climent, que se encuentra de vacaciones.

La unidad del PP valenciano es casi obligada. Aparte de Camps, y en ausencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tienen un líder claro.