El jamonero se fue al Caribe

El rumor se extendió como la pólvora. Antonio Herrera, un antiguo empleado de la caja de ahorros de Trevélez (Granada), daba intereses de hasta el 22% al que invertía en su empresa, Jamones Fernando. Durante más de 10 años, cientos de vecinos de la comarca de la Alpujarra le entregaron sus ahorros de toda la vida a cambio de enormes réditos que abonaba puntualmente cada mes. Hasta que el 28 de septiembre de 2004, Herrera, de 50 años, se esfumó dejando sin pagar su deuda que, según la policía, ascendía a 23 millones de euros. La Unidad de Cooperación Policial Internacional, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, lo ha encontrado en la República Dominicana, desde donde los agentes lo trajeron ayer para llevarlo ante el juez.

Con la experiencia de varios años en una sucursal bancaria, Herrera ofrecía un negocio redondo a sus paisanos. "Decía que con el dinero que le dábamos compraba jamones para curarlos", explicó en 2004 el presidente de la plataforma de perjudicados, Antonio López, nada más conocerse el timo. "Cuando estaban listos los vendía y se comprometía a entregarte el 50% del beneficio en concepto de intereses", añadió. Otra modalidad era lo que en la zona se conoce como la maquila (porción de grano, harina o aceite que le corresponde al molinero, según el diccionario de la Real Academia): el inversor compraba directamente los perniles y Herrera los colgaba en sus secaderos a cambio de una comisión en los beneficios de su venta.

A cambio de los 120.000 euros que le dio al presunto estafador José Antonio Martín, otro de los damnificados, obtuvo un papel en el que Herrera se comprometía a abonarle un 22% de interés a razón de 2.200 euros al mes. El contrato establecía que, cuando Martín quisiera recuperar su dinero, en caso de que Herrera no pudiera devolverle la inversión, respondería con sus jamones y, en su defecto, con su propia empresa. "Se sentaba a tu lado y hacía números comparando lo que te daba el banco y lo que te darían los jamones, y claro, te convencía", explicó Martín.

Ahora, el empresario tendrá que responder de los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude fiscal por los que está imputado en el juzgado de Instrucción número 1 de Órgiva (Granada), que ordenó su búsqueda y captura hace casi tres años. Al mismo tiempo, se abrió un proceso concursal (quiebra) en su empresa para tratar de pagar a los 300 acreedores que lo denunciaron, pero esta segunda causa se cerró sin que ninguno de los vecinos haya recuperado un sólo euro. "El juez entendió que tenían preferencia sobre ellos las entidades bancarias a las que Herrera también había pedido préstamos", explica el abogado de los damnificados, José Bernardo Muñoz, que recuerda que hasta los jamones que quedaron en sus secaderos estaban hipotecados.

Mientras, los perjudicados han perdido la esperanza de volver a ver su dinero. "Si lo hubieran encontrado antes, a lo mejor habríamos podido reclamar, pero ahora, pasados tres años, la única satisfacción posible es que vaya de cabeza a la cárcel", concluye López, su portavoz.