Los inmigrantes que se marchen mantendrán la antigüedad para la residencia

Los inmigrantes que regresen a su país acogiéndose a los programas de retorno productivo (cobrando el 40% del paro en España y el resto en su país) o voluntario no perderán, si vuelven, la antigüedad acumulada para obtener la residencia en España. Podrán regresar después de haber pasado tres años en su país y tras haber sido incluidos en un "procedimiento preferente" para volver a España con un contrato de trabajo.

Esta medida, que aparece recogida en el borrador de reglamento que desarrolla la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida como la Ley de Extranjería, no afectará, lógicamente, a los extranjeros en situación irregular que retornen de forma asistida, que son los que se encuentran en situación de exclusión y reciben una ayuda económica para volver a su país.

En el fondo de esta nueva propuesta está el tener en cuenta la integración social y cultural que han experimentado ya esos inmigrantes en la sociedad española durante el tiempo que han estado trabajando en el país.

Menores solos

A los inmigrantes menores de edad no acompañados que lleguen a España se dará además mayores garantías jurídicas de las que tienen en la actualidad. El nuevo reglamento contemplará que se les debe nombrar un representante legal. Generalmente será la entidad de acogimiento, que suelen ser las comunidades autónomas.

Además, estos menores podrán solicitar, si son mayores de 12 años, un defensor judicial que les defienda, que no sea la entidad acogedora si ellos lo prefieren así.

También se insiste en el texto en que a los que tengan más de 12 años se les debe escuchar y también informar debidamente sobre su situación y sus derechos, de forma que lo puedan entender fácilmente.

Además, el borrador de Reglamento de Extranjería incluye la obligación de dar documentación a los menores no acompañados si no se les ha podido repatriar a su país de origen en el plazo de nueve meses.

Este texto estará abierto a alegaciones de las asociaciones de inmigrantes y de todas las organizaciones afectadas durante 15 días a partir de su presentación y también a sugerencias de las comunidades autónomas.