Los informes secretos sobre la caída del Cougar

El 16 de agosto de 2005, 17 militares españoles que formaban parte de un batallón destinado a garantizar la seguridad de las elecciones afganas (igual que la unidad que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido ante la OTAN a enviar este verano) perdieron la vida cuando realizaban un ejercicio táctico. El helicóptero en el que viajaban se estrelló, pereciendo todos sus ocupantes, y el que le seguía hizo un aterrizaje forzoso al creer que sus compañeros habían sido derribados. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tenía varios agentes destacados con el contingente español, abrió una investigación que se plasmó en tres informes, fechados el día del suceso y en dos jornadas posteriores. EL PAÍS ha tenido acceso a estos documentos, que fueron desclasificados por el Consejo de Ministros del pasado 21 de marzo y enviados al juez. Los informes explican que los espías estuvieron en el lugar del siniestro poco después de que se produjera, interrogaron a cuatro testigos, realizaron averiguaciones con un responsable afgano y visitaron una localidad vecina con precedentes talibanes.

De los documentos, que se reproducen casi en su integridad, se deduce que ningún dato avaló la teoría de un ataque, aunque el CNI supo que los señores de la guerra de la zona estaban a punto de recibir misiles antiaéreos, diseñados para atacar aeronaves, y que un cabecilla talibán, el mulá Dadullah, reivindicó el supuesto derribo del helicóptero español.

El Gobierno decidió desclasificar estos informes a petición del titular del juzgado militar territorial número 11, que tuvo que reabrir una investigación que había archivado tres meses antes por considerar "del todo improbable" la hipótesis del atentado y no encontrar "responsabilidad penal alguna" en el accidente. El tribunal militar dio la razón al padre del piloto fallecido, el capitán Eduardo Guitard, quien presentó un recurso alegando "indefensión", pues sólo pudo acceder a los 10 tomos del sumario el mismo día en que se decretaba su archivo.

Desde que se reabrió la investigación, el juez ha llamado a declarar al secretario y al instructor del atestado, que se han contradicho entre sí sobre la participación del primero en las diligencias iniciales. Además, ha reclamado todos los informes que no habían salido a la luz.