El impuesto de patrimonio sale sin votos en contra

El Congreso de los Diputados echó ayer el cierre. El mandato de José Luis Rodríguez Zapatero terminó en el pleno con la convalidación de medidas económicas aprobadas por decreto y que rectifican otras anteriores. Acabó con Mariano Rajoy ausente y con el PP haciendo funambulismo parlamentario, para sostener una cosa y hacer otra en la votación. Más o menos lo que ha ocurrido en toda la legislatura, marcada por las discrepancias sobre las medidas frente a la crisis y la llamada "geometría variable" o diversidad de apoyos parlamentarios del PSOE en cada iniciativa.

Ayer, todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, lanzaron duras críticas contra el impuesto del patrimonio, pero, finalmente, ninguno votó en contra de su convalidación en el pleno del Congreso. Para todos los demás partidos es una medida electoralista, sin apenas efectos positivos para paliar el déficit y con contraindicaciones, pero ninguno quiere asumir el coste político de oponerse a lo que se ha caracterizado como el "impuesto de los ricos".

El PP, en ausencia de Rajoy, rechaza el tributo pero se abstiene

La izquierda dice que el gravamen es un parche, aunque vota a favor

La última gran medida de las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero fue convalidada sin votos en contra, porque los dos únicos que reflejó el tablón de votación fueron de Clementina Díez (PSOE) y Eugenio Azpiroz (PP), que apretaron el botón del no por error.

Además del PSOE, votaron a favor los siete diputados de la izquierda minoritaria (ERC, BNG, IU e ICV), que no están nada satisfechos con la medida, pero consideran que, en todo caso, supone un paso adelante en la rectificación de la política fiscal del Gobierno.

El impuesto, que según el Ejecutivo deberán pagar 160.000 contribuyentes, eleva el mínimo exento a los 700.000 euros y, si se aplicara en todas las comunidades, los ingresos llegarían a 1.080 millones de euros anuales, que se recaudarían en 2012 y 2013.

El PP mantuvo hasta el último momento la incógnita sobre el sentido de su voto, hasta el punto de que sus diputados entraron en el Hemiciclo sin saber qué botón debían apretar.

"Es un guiño electoral que perjudica a la formación de ahorro, que es la naturaleza de la acción económica que nos tendría que sacar de la crisis", dijo el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, en la tribuna para mostrar su rechazo absoluto al decreto, pero a continuación su grupo no votó en contra, sino que se abstuvo.

Tampoco Mariano Rajoy, que ayer prefirió no acudir al último pleno de la legislatura, aclara estos días si el PP derogará el decreto si gana las elecciones del 20-N. El líder del PP decidió viajar a Lorca (Murcia) precisamente ayer, en lugar de acudir a votar y despedir su escaño de líder de la oposición.

Se abstuvieron los partidos nacionalistas, manteniendo la lógica de la legislatura al impedir que Zapatero sufra derrotas parlamentarias sonadas, pero manteniendo una prudente distancia del Gobierno. Se abstuvieron a pesar de que, como explicó Josep Sánchez Llibre, la medida es "poco seria y con gran dosis de demagogia, oportunismo y populismo, y pretenden confundir a la sociedad y dividirla entre ricos y pobres, pero aquí a CiU no la van a encontrar".

Pedro Azpiazu (PNV) atribuyó la medida a una decisión del "señor Rubalcaba, actuando como ministro de Economía y Hacienda o, mejor dicho, como presidente del Gobierno". Es decir, la señaló como una medida electoralista del candidato del PSOE, para poder presentarse a las elecciones con la bandera del "impuesto para los ricos".

El nombre de Rubalcaba estuvo presente en todo el debate, como supuesto promotor y beneficiario de la medida. El candidato solo acudió a la votación y, posteriormente, defendió la medida y acusó al PP de abstenerse, porque "aunque no le gusta que los que más ganan paguen más, sabe que los españoles sí quieren que los que más ganen paguen más".

Esta vez la izquierda minoritaria sí estuvo con el PSOE en la votación, pero tras explicar que "es un parche sin credibilidad", que no rectifica la política fiscal de Zapatero que, en su opinión, ha estado marcada por aquello de que "bajar de impuestos es de izquierdas" y medidas como la subida del IVA, en lugar de elevar los impuestos directos. Para Joan Ridao (ERC), "el triste balance de la legislatura es que los que más pagan son los que menos tienen". Pero ERC votó a favor de la convalidación.

Elena Salgado, que también se despedía de la actividad parlamentaria, defendió el decreto porque, según dijo, se trata de "reforzar la estabilidad presupuestaria y la equidad" a corto plazo. La vicepresidenta económica, en la línea de autocrítica que marca las intervenciones del Gobierno y el PSOE en los últimos días, admitió que supone "matizar de manera importante" su decisión de suspenderlo en 2008. Según dijo, las circunstancias económicas obligan tal matización.

La vicepresidenta puso énfasis en explicar que se respeta la capacidad normativa de las comunidades autónomas y en que el impuesto no afecta a las compensaciones ya previstas en la Ley de Financiación Autonómica, ya que con un decreto ley no se puede cambiar la ley vigente.

También se convalidó un decreto en el que el Gobierno metió medidas tan dispares como la edad de jubilación de los policías, los establecimientos en los que se puede vender tabaco o los ensayos clínicos, entre otras.

En diciembre se reabrirá el pleno, con tiempo suficiente de derogar el decreto antes de su entrada en vigor, si así lo decide el nuevo Gobierno. Por primera vez desde 1986 no estará en el Congreso José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer acudió solo a la votación, que repartió saludos a la salida y que se fue deseando que "las cosas sean lo mejor para España".