La grabación que reventó la trama

La denuncia vino de dentro. Un ex concejal del PP puso en conocimiento del fiscal la trama de supuestos cohechos a cargos públicos del partido. Los indicios sobre las "dádivas y sobornos" recogidos en el auto donde el juez Baltasar Garzón explicaba los motivos por los que mandaba a prisión al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y a dos de sus testaferros, se contenían en un CD entregado a la fiscalía en noviembre de 2007. Catorce meses después, Garzón ha imputado a 37 personas relacionadas con la trama, abriendo una crisis de proporciones desconocidas en el PP. Se ha llevado por delante a un consejero de Esperanza Aguirre y dos ex alcaldes, pero amenaza con agravarse. El juez ha anunciado que en su sumario aparecen autoridades aforadas a las que él no puede investigar.

Media docena de colaboradores del partido ayudaron al denunciante

El PP considera sospechoso el momento en el que ha reventado esta investigación, en precampaña electoral gallega y vasca. Pero fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones. Los sospechosos estaban al corriente de los pinchazos, destruían documentos y preparaban su salida del país. Una situación que estuvo a punto de dar al traste con una investigación que Garzón mantenía sobre alguno de sus integrantes desde hace cinco años. En concreto, investigaba al abogado Luis de Miguel, como presunto cerebro de una red de blanqueo. Su actuación sumarial languidecía cuando un impulso inesperado la dotó de un arsenal de pruebas. Tal regalo le llegó de manos de la Fiscalía Anticorrupción el pasado verano. Su aportación consistía en una explosiva denuncia presentada en noviembre de 2007 por este concejal, expulsado del PP por airear las corrupciones internas. Junto a ella entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con miembros de la trama. Duraba 17 horas y 53 minutos. Junto a la grabación aportó la identificación de los sospechosos, una transcripción de las partes más jugosas e incluso un árbol de las empresas vinculadas a la trama.

El ex militante hizo el trabajo con un equipo integrado por media docena de colaboradores del partido de Madrid y Castilla y León. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) verificó los datos y, con la anuencia de Garzón, pinchó teléfonos.

Los resultados no difieren de los aportados por el denunciante. Las grabaciones presumariales y las sumariales han brindado un abanico de indicios de corrupción que salpican a distintas administraciones públicas gobernadas por el PP, tanto municipales como autonómicas. En muchos casos, Correa apunta a la connivencia con autoridades del partido para la concesión de contratos, la adjudicación de suelo o las recalificaciones urbanísticas precisas para grandes negocios inmobiliarios.