La fiscalía pide el archivo de la querella del PP contra Luna

La fiscalía ha solicitado hoy al juez del Tribunal Superior de Justicia que archive la causa abierta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por una querella del PP por supuesto delito de cohecho. El ministerio público, tras la declaración hace dos días del dirigente socialista, considera que los hechos de los que es acusado, de haber sido ciertos, estarían ya prescritos. El TSJ deberá decidir ahora si estima el escrito del fiscal o si da paso a las diligencias pedidas por los populares, entre ellas varias declaraciones.

El PP presentó una querella contra el portavoz socialista porque a su juicio favoreció con contratos a las empresas de Enrique Ortiz (implicado en los casos Brugal y Gürtel, en el que está denunciado por el propio Luna) mientras fue alcalde de Alicante, de 1991 a 1995. A cambio, según el PP, Ortiz habría pagado en 1998 una reforma en casa de Luna, cuando este llevaba ya varios años fuera de la política, por valor de 3.600 euros, y le habría comprado un coche en 2002. El portavoz socialista aportó el lunes la factura de la compra del automóvil y explicó al juez que la casa donde se hizo la reforma pertenece a su actual esposa, que entonces todavía no lo era y que fue quien la pagó.

El fiscal no tuvo conocimiento de los hechos que se imputaban al portavoz socialista hasta el lunes, en la declaración de Luna ante el juez instructor, Juan Climent. La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que el ministerio público debe "instar al juez la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal". Y la fiscalía entiende que la primera circunstancia objetiva que se da es la de la prescripción de los hechos denunciados por el PP, con el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, a la cabeza. El fiscal considera que no corresponde siquiera entrar a valorar qué se desprende de la declaración que Luna realizó el pasado lunes. En ella, dijo que las obras en una casa propiedad de su mujer las pagó ella "con independencia de quien realizara los pagos materialmente". Además, aportó una factura que demuestra que Enrique Ortiz, para quien trabajó tres años como abogado, le vendió por casi 6.000 euros el vehículo de la empresa que había venido utilizando. El fiscal se opone a que declare Enrique Ortiz o incluso la esposa de Luna, como apuntó el PP que podría solicitar.

Blasco dijo ayer que Luna "está deslegitimado para hablar de honradez" y recordó que "está imputado por dos causas". La segunda de ellas, también debida a una querella del PP, se refiere a que exhibió en las Cortes un informe sobre el caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. El portavoz parlamentario de los populares, que el lunes afirmó que Luna debe asumir responsabilidades, al margen de lo que diga la justicia, porque su actuación "es incompatible con la buena política", explicó que entiende por buena política "el comportamiento ético de los responsables públicos". A la pregunta de cuántos imputados puede soportar la buena política, vista la amplia nómina de cargos del PP investigados por corrupción, respondió: "Eso es muy difícil de medir".

Luna, por su parte, dijo que la buena política es "que cada uno haga lo que los ciudadanos esperan que uno haga". En su opinión la mala política consiste en "destruir al adversario al precio que sea", que es lo que ve Blasco cuando se mira al espejo. El diputado socialista se mostró muy tranquilo, denunció que está siendo víctima de un "linchamiento" político por parte del PP y criticó que gente que no ha dado explicaciones sobre la trama Gürtel "ponga el grito en el cielo". Luna añadió que volvería a mostrar en público el informe policial porque los ciudadanos "tienen derecho a saber lo que Camps y el Consell intentan ocultar".