El fiscal sospecha que el abogado de Matas intentó fabricar pruebas falsas y manipular a testigos
El juez retira el pasaporte al ex presidente balear. - El ministerio público solicita una fianza de tres millones de euros
Tras escuchar las explicaciones de Jaume Matas durante más de 15 horas de interrogatorio, el fiscal del caso Palma Arena ha pedido hoy al juez en la vistilla de medidas cautelares que dicte prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente de Baleares y ex ministro con José María Aznar. Además, ha pedido que se le retire el pasaporte para que no pueda huir del país y que se le obligue a presentarse en comisaría cada 15 días. Matas ha renunciado a su turno de palabra.
El juez comunicará su postura sobre estas medidas el próximo lunes, pero de momento ha retirado el pasaporte al ex presidente balear, pese a la resistencia de su abogado defensor, que ha argumentado que no hay riesgo de fuga.
El fiscal sospecha que el abogado de Matas, Rafael Perera, intentó fabricar pruebas falsas y manipular a testigos, según las grabaciones judiciales al ex presidente balear y su familia. Por eso, insinuó que las medidas cautelares podrían haber sido mucho más graves y elogió la estrategia del nuevo letrado de Matas, Manuel Ollé. Rafael Perera, hundido durante la vistilla, abogado muy vinculado al PP y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares a propuesta de este partido, ya estuvo en el punto de mira de los fiscales por actuaciones dudosas encausas anteriores, entre ellas, el caso Andratx.
Reducir el delito
Durante el interrogatorio, que ha durado dos días, el tribunal repasó todos los detalles del patrimonio de Matas, los contratos de su presidencia y la posible financiación irregular del PP balear. Según fuentes jurídicas, Matas ha colaborado aportando detalles, e incluso ha reconocido haber manejado dinero negro, pero intentó reducir todo el entramado de corrupción a un delito fiscal por su parte.
El ex presidente sólo reconoció al juez que gastó 400.000 euros en efectivo en los últimos años, de los que asumió que una parte era dinero negro. También detalló que el origen de este dinero era, por un lado, 16 millones de pesetas del traspaso de una tienda, y el ingreso mensual de un alquiler parcialmente en negro. También reconoció que utilizó dinero opaco en la compra de su casa-palacio en Palma de Mallorca.
Matas afirmó que no ha incrementado de manera ilegal su patrimonio. Declaró además que el piso de la playa de Sa Colònia es de su madre y que decidió comprar y reformar la casa que tiene en alquiler su familia en Madrid, pero que, tras pagar la señal, la traspasó a un amigo, Bartolomé Reus, también imputado. Tras escuchar todas estas explicaciones, la fiscalía mantiene intactas sus acusaciones contra el ex presidente por nueve delitos.
En cuanto a la trama de decisiones que llevaron al sobrecoste y reparto de comisiones en la construcción del velódromo Palma Arena, Matas sólo se responsabilizó ayer de las "grandes decisiones políticas" de su Gobierno, del PP, y trasladó a cargos de tercer nivel todo el protagonismo -y la presunta carga penal- en las actuaciones en la construcción del complejo. Matas intentó desmarcarse de las supuestas irregularidades detectadas por las que le imputan nueve delitos de corrupción, que podrían acarrearle 30 años de cárcel.
Matas no se apartó del rol presidencial y se desvinculó por completo de la gestión de los contratos, trámites "administrativos" y control de los fondos de la infraestructura, que casi triplicó su coste hasta 110 millones de euros. Defendió "con todas las consecuencias" la operación pero atribuyó a personajes secundarios la ejecución de su iniciativa estrella, "un milagro", según la calificó él. Sus alusiones afectan al ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester y al locutor Jorge Moisés, ex gerente del Palma Arena.
Matas sostuvo que tampoco intervino en el contrato de nueve millones a los arquitectos de su confianza, Luis y Jaime García-Ruiz, que construyeron el Palma Arena y la sede del PP. También se desmarcó del consorcio y la fundación creadas adrede y de los expedientes de crédito por hasta 40 millones de euros.
Matas rechazó que su campaña electoral de 2007 se financiara con fondos B. El juez indagó en los contratos de la agencia Nimbus relacionados con la posible financiación irregular del PP balear. La fiscalía sostiene que, con Matas en el poder, el PP pagó 71.058 euros a esta agencia, a través de dinero negro de su cuñado y ex gerente del partido Fernando Areal, también imputado. Nimbus logró más de 2,4 millones de euros del Gobierno Matas en tres años y trabajó a la vez para el PP, el Ejecutivo y el Palma Arena.
Ayer, la defensa dio otro golpe de efecto para intentar torpedear el desarrollo de la causa. El abogado Rafael Perera lanzó sospechas de espionaje en el interior del juzgado. Perera aseguró que "se vulnera y mediatiza hasta extremos intolerables" su derecho de defensa y logró bloquear el acto judicial durante casi una hora. El juez José Castro ordenó cambiar de lugar la comparecencia de Matas y trasladar el complejo sistema de grabación y registros. No se hallaron los sistemas de espionaje.
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