El fiscal pide para Fabra dos años de prisión por falsear documentos

La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama dos años de prisión y una multa de 6.000 euros. Según el escrito de acusación del fiscal, en el que solicita la apertura de juicio oral, Fabra acordó manipular documentación con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios", plaguicidas y herbicidas. Una de las empresas beneficiarias de las autorizaciones era Artemis 2000, de la que era socia su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Anticorrupción considera también autores de este delito al entonces amigo de Fabra, el empresario Vicente Vilar, y a la ex esposa de éste, Monserrat Vives. Y dice de los tres que "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada". Vives era, entonces, socia de la ex esposa de Fabra, a la que, sin embargo, el fiscal excluye de su escrito de acusación al considerar que "no constan indicios de los que pueda desprenderse su participación". De la misma manera, considera que no debe ser juzgado ni el ex director general del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía, ni una de las personas que trabajaba para el laboratorio de la fábrica de Vilar. Sin embargo, sí pide un año de cárcel para el impresor Manuel Martínez, al que acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos falsos.

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Según el fiscal, "consta que hasta en seis ocasiones fueron falsificados los sellos y firmas en la documentación" presentada ante el Ministerio de Agricultura entre diciembre de 2001 y agosto de 2002.

Ayer, tras celebrar la festividad de Santa Rita con los funcionarios de la Diputación, Carlos Fabra cargó contra la Fiscalía y, además de aludir al inicio de la campaña de las elecciones europeas, sostuvo que "la Fiscalía es una institución jerarquizada y se nota que está a las órdenes del Gobierno".

En el escrito de acusación, el fiscal apunta que la manipulación consistía en la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para ello utilizaban tampones falsos que, según el escrito, "en principio fueron proporcionados por Fabra". Después, los encargos se realizaron al impresor Martínez.

Ésta es una de las causas por las que se investiga a Carlos Fabra. En el Juzgado número 1 de Nules, desde hace cinco años, el presidente de la Diputación de Castellón está imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, después de que Vicente Vilar le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.