La familia Lorca se reserva el derecho a identificar los restos del poeta

La familia del poeta Federico García Lorca se reserva el derecho a identificar sus restos entre los que se recuperen en la exhumación de la fosa de Alfacar (Granada) en la que se cree que puede estar enterrado el poeta junto al maestro Dióscoro Galindo, el inspector de tributos Fermín Roldán y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, todos fusilados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil. En el escrito de alegaciones a la exhumación que han presentado a la Junta de Andalucía y que firmaron el pasado viernes (un día después del fin de plazo) seis descendientes de Lorca, se reservan el derecho a disponer de los restos del poeta y a ejercer cuantas acciones y derechos pudieran corresponderles.

La Junta prevé iniciar los trabajos de exhumación a finales de este mes

Una vez se desentierren los restos, se hará un primer análisis de antropología forense. Existe la posibilidad de que, en el supuesto de que los restos estuvieran bien conservados, pudieran servir a primera vista, para saber si corresponden a Lorca o alguno de los enterrados con él. En el caso del poeta, por ejemplo, se cuenta con que tenía dolicefalia. Tras el análisis anatómico forense se realizará el genético, en el que, obviamente, tan sólo se contrastarán los restos con las muestras de las familias que hayan aportado los suyos -la familia García Lorca no lo hará- para el contraste. En cualquier caso, la Junta ha impuesto la confidencialidad a todos aquellos que participen en las distintas fases de la exhumación.

Es un paso más en este proceso, iniciado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH), y que poco o nada convence a los descendientes de Lorca. Ellos lo han repetido en numerosas ocasiones, no quieren que se "remuevan" los restos del poeta, al igual que la nieta biológica de Galindo. Por eso, la Junta iniciará la exhumación para tratar de identificar únicamente los restos del banderillero Galadí y el inspector de tributos Fermín Roldán.

La Administración autonómica que tiene previsto firmar el próximo 14 de octubre un convenio a cinco bandas -Junta, Diputación provincial, Ayuntamiento de Alfacar, Universidad de Granada y ARMH- para iniciar, a finales de mes, la excavación.

Tras arrancar los trabajos previos para localizar la fosa, los técnicos del Instituto Andaluz de Geofísica continúan analizando los datos recabados días atrás en el parque de Alfacar, que continúa vallado. En las próximas semanas, elaborarán un informe sobre el que trabajará un equipo multidisciplinar y que aún, según fuentes de la Junta, no está cerrado.

Como parece que no hay marcha atrás, los descendientes del poeta han querido dejar clara su postura. No ha cambiado en cuanto a su deseo, no quieren que se exhumen sus restos, pero si se hace, se reservan el derecho a identificarlos. La "incertidumbre" sobre el destino de los restos no les convence. Para ellos lo más lógico sería declarar el lugar en el que supuestamente yace el poeta "legalmente autorizado para el enterramiento" y así, sostienen, se otorgaría al terreno el estatuto jurídico necesario y supondría no sólo un "reconocimiento moral e histórico", sino también la protección de aquel paraje.

"Que se proteja como un cementerio y se trate por igual a todas las víctimas", explicó ayer la sobrina del poeta Laura García Lorca, para quien proceder a la apertura de la fosa es una decisión "individualizada" que no da satisfacción a la totalidad de las víctimas. Es más, según los familiares del poeta, este proceso derivará en una división de las víctimas en tres categorías: las identificadas por sus familiares, que dispondrán de sus restos; las que no sean identificadas, pero trasladadas a un cementerio municipal; y las que "no han merecido" el interés de la asociación solicitante y permanecerán en aquel lugar.

Su planteamiento choca con el deseo de los descendientes del banderillero Galadí, que quieren recuperar sus restos. Los terrenos de este parque fueron adquiridos por la Diputación de Granada en los años ochenta para evitar presiones inmobiliarias, sin embargo, no gozan de una protección especial.