Una estrategia para evitar el deterioro de la protección social

La parte más comprometida del programa de la presidencia española, y que sin duda será la más controvertida, es su aspiración de "desarrollar la democracia europea a través de la profundización y expansión de los derechos fundamentales", con especial atención a los sociales. Las autoridades españolas son conscientes del desafío que supone la extensión de derechos sociales en una Europa con un Parlamento dominado por la derecha y un Tribunal Europeo cada vez más restrictivo en la interpretación de los derechos laborales, como ha dejado patente en varias sentencias.

A pesar de este panorama, España estima que la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales al Tratado de Lisboa facilita una sólida percha para establecer un "reconocimiento del carácter jurídicamente vinculante de los derechos" de los ciudadanos frente a la UE y a los Estados cuando aplican políticas comunitarias. La Carta que proclama como valores fundamentales de la Unión la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad no se aplica en toda su extensión al Reino Unido, Polonia y República Checa.

Los proyectos del Gobierno levantan recelos en los 'euroescépticos'

La estrategia española en materia social no ha pasado desapercibida en medios euroescépticos británicos como Open Europe, que ha advertido de que una de las prioridades españolas es "una nueva legislación social para reforzar la ciudadanía europea incluyendo convertir a la UE en una fábrica de derechos". Su directora, Lorraine Mullally, ha recordado que "los conservadores británicos han dicho que si ganan las próximas elecciones lucharán para que el control sobre la política social y de empleo vuelva al Reino Unido, donde puede ser controlada de manera más estrecha por las personas afectadas".

España quiere ahondar en que la UE "no es sólo una organización económica y comercial". En este sentido, uno de los documentos de la presidencia señala: "Aspiramos a tener una Unión Europea en la que los valores de libertad, justicia, solidaridad e igualdad se conviertan en derechos positivos para los ciudadanos y que día a día sean ejercidos más extensamente y más en línea con el nuevo contexto social y más eficiente en proporcionar garantías".

En esta materia, la presidencia tiene previstas estas iniciativas, entre otras: una directiva contra la discriminación fuera del ámbito laboral, por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; el estatuto de los ciudadanos; la directiva de los trabajadores desplazados; la constitución de un Observatorio Europeo sobre Violencia de Género, junto a una Orden Europea de Protección y la cláusula de seguridad, para regular la ayuda mutua en casos de catástrofes o ataques terroristas, y la iniciativa legislativa popular.

Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, precisa que para España es un objetivo ir "hacia una coordinación del sistema de protección social europeo. Nuestro propósito", añade, "es evitar que se deteriore el nivel de protección social europeo a raíz de la crisis". López Garrido afirma que la única petición que el Ejecutivo ha recibido de los sindicatos es "la elaboración de una directiva sobre los trabajadores desplazados que acabe con el actual dumping social". Recientes sentencias del Tribunal de Luxemburgo de la UE limitan el papel de la negociación colectiva y priorizan la aplicación del derecho del país de origen de los trabajadores inmigrantes, generalmente menos protector, neutralizando los avances sociales de los países donde desarrollan sus tareas los trabajadores.

Una de las tareas inmediatas de la presidencia española será iniciar los trámites para regular la iniciativa legislativa popular europea, que permitirá a los ciudadanos promover propuestas ante la Comisión Europea cuando estén respaldadas por un millón de firmas. La posible regulación de ese tipo de iniciativas será abordada en la reunión informal de ministros que se celebrará del próximo día 12 al 14 en La Granja (Segovia).