La energía solar pasa factura al PP

Al PP de Castilla y León se le están atragantando los llamados "huertos solares". Seis altos cargos de la Junta se han visto forzados a dimitir y otros siete funcionarios están siendo investigados por su relación con la explotación y adjudicación de plantas de energía fotovoltaica (los "huertos solares") en León, Valladolid y Zamora a empresas participadas por ellos o por familiares. Las compañías eléctricas están obligadas a comprar la producción de esas plantas, que, además, reciben una prima dentro del programa estatal de energías renovables. Un negocio próspero que hace subir la factura de la luz.

Ya se ha abierto un expediente disciplinario al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León Javier Lasarte, forzado a dimitir por no informar de sus actividades empresariales. Tras él han dimitido: los jefes de Industria y del Servicio Territorial de Fomento de la Junta en León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez, respectivamente; el jefe de Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta, Manuel Ballesteros, y el secretario de la Delegación en Zamora, Manuel Méndez. El jefe de la Oficina de la Junta en Zamora, José Bahamonde, ex senador del PP, ha sido apartado de su puesto hasta que culmine la investigación interna.

Siete funcionarios más, investigados por las concesiones de "huertos solares"

Francisco Jambrina, jefe de Industria de la Delegación de Palencia, ex consejero de Medio Ambiente y ex alcalde de la ciudad, ha ignorado la invitación a dimitir que le ha hecho la Junta por ser administrador de la sociedad Pago El Roto, titular de una licencia de una planta solar de 100 kilovatios en Arcenillas (Zamora).

Según la oposición socialista, la sociedad Galeno 1955, administrada por Lasarte, obtuvo 11 concesiones para plantas de 100 kilovatios -cada "huerto" lleva 480 paneles solares- en Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa (Valladolid) y en Mansilla de las Mulas (León), con una inversión de seis millones de euros. Lasarte admite que cedió siete autorizaciones a una empresa alemana y que no ha puesto en marcha las de Torrecilla de la Abadesa.

Manuel Ballesteros es administrador solidario de la empresa Agrícola Valverdemota, propietaria del suelo donde Lasarte proyectaba instalaciones en la provincia de Valladolid. José Bahamonde está vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Un familiar directo de Emilio Fernández Tuñón obtuvo dos concesiones en Torrecilla de la Abadesa y Ana Isabel Suárez es administradora de la empresa Arsoltec, que obtuvo dos licencias para esa localidad vallisoletana. Suárez asegura que no ha participado en la tramitación de los proyectos.

Los responsables de la Junta insisten en que la vinculación de funcionarios de la Junta con este caso es "muy limitada, muy individual y muy localizada" y que el asunto se resolverá con la Ley de Incompatibilidades. El consejero José Antonio de Santiago agrega que si en el transcurso de la investigación se observa algún delito, el caso se enviaría a la Fiscalía. De Santiago aclara que las licencias para los huertos se conceden "a todos los concurrentes que cumplen los requisitos". Pero la oposición socialista está dispuesta a convertir el asunto en un caballo de batalla político y ya habla de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.