Un empresario del Palma Arena emitió facturas falsas al PP

La investigación del presunto desfalco millonario del velódromo Palma Arena, en el que han sido imputados seis ex cargos del PP balear, tiene como objetivo inmediato aclarar el papel de la agencia de publicidad Nimbus en la trama. El juez y los fiscales anticorrupción han hallado documentos que apuntan a una presunta financiación irregular del PP a través de sus tratos con esta empresa de comunicación, por cuyo organigrama han desfilado tres ex jefes de prensa del partido.

El análisis de los correos electrónicos de Nimbus ha revelado que, entre 2004 y 2007, la agencia emitió y cobró supuestas "facturas falsas", cargadas con sobrecostes aparentemente injustificados, a diversas entidades públicas dependientes del Gobierno balear. En apenas tres años, la empresa se benefició de más de 70 adjudicaciones directas, la mayoría en concepto de servicios y campañas de promoción de eventos deportivos. Entre otros, se ha documentado un encargo por valor de unos 850.000 euros para publicitar el Mundial de Ciclismo que se celebró en el Palma Arena, y otro de 350.000 euros para anunciar el Instituto Balear de Turismo. Los contratos se otorgaron sin que mediara concurso público, fraccionados en cantidades inferiores a los 12.000 euros que exige la ley para que la administración dé publicidad a una oferta de este tipo.

Antes de las elecciones de 2007, Nimbus realizó una serie de trabajos para el PP que, según el testimonio de una de sus trabajadoras, se cobraron siempre "a precio de coste". Mientras la agencia ingresaba miles de euros procedentes de las arcas públicas a través de contratos inflados, atendía los encargos particulares del PP a precios irrisorios, según la tesis que maneja la fiscalía. En el archivo de la empresa, estos movimientos de dinero quedaron registrados en una carpeta bajo el título de Producciones B.

En paralelo a este carrusel de adjudicaciones, Nimbus organizó parte de la campaña del PP. El dueño de la empresa, Miquel Romero, admitió haber cobrado más de 70.000 euros en dinero negro, opaco a Hacienda, de manos del entonces tesorero del PP balear, Fernando Areal, cuñado del ex presidente Jaume Matas.

Entre las más de 3.000 páginas del sumario hay también un informe oficial en el que se documenta que Jaume Matas y Marcelino Oreja -presidente de FCC, una de las empresas constructoras del velódromo- acordaron elevar en un 30% el coste inicial de la obra, debido a que "el presupuesto original era insuficiente para culminar el recinto en los plazos estipulados". Esta ampliación del presupuesto se aprobó a petición del responsable de FCC y sin que se efectuaran las modificaciones correspondientes en el proyecto de obra.

En su querella, la Fiscalía Anticorrupción considera que en la edificación del Palma Arena se gastaron más de 22 millones de forma injustificada. Hay facturas por más de 30 millones que siguen pendientes de pago.