Justicia quiere crear 1.200 nuevas plazas de jueces y fiscales en tres años

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó ayer, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia con el que busca reducir en un 30% el tiempo de tramitación de los asuntos judiciales suprimiendo trámites y, en algunos casos, eliminando la posibilidad de recurrir. El plan pretende transformar en tres años la Administración de Justicia para que ésta sea "profesional, ágil, clara, accesible para el ciudadano, y prestada en tiempo razonable".

El plan coincide sustancialmente con lo anticipado por el ministro en marzo, cuando cifró en 600 millones las inversiones en infraestructuras y tecnología, un 48% más de lo presupuestado en años anteriores. El PP, por su parte, exigió ayer otros 400 millones adicionales hasta final de la legislatura porque si no, lo aprobado ayer serán "fuegos de artificio".

Todas las salas de juicios tendrán sistemas para grabar y videoconferencia

Los cambios se verán en 2012 y de aquí a entonces se crearán un total de 600 unidades judiciales, lo que supondrá un incremento del 19% en la planta judicial en esta legislatura. Correlativamente, se crearán 750 nuevas plazas de jueces (un 17% más), 450 nuevas plazas de fiscales (20% de incremento) y 800 de secretarios judiciales (un 20% más), lo que según el ministro, nos aproximará más a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. La media española es de 10,1 jueces y la europea, del 19,8.

El despliegue de la nueva oficina judicial (pendiente desde la pasada legislatura), desarrollará servicios procesales comunes que trabajarán para distintos juzgados. Al final del periodo 2009- 2012 todas las salas de juicio en España contarán con sistemas de grabación audiovisual y de videoconferencia, según la documentación de Justicia. La totalidad de las oficinas judiciales dispondrá de sistemas informáticos "avanzados", lo que permitirá "la normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel".

Las comunicaciones y notificaciones judiciales se llevarán a cabo electrónicamente mediante "correo securizado". Los juzgados y tribunales de España "trabajarán en red y se comunicarán en tiempo real", y estará en plena ejecución el Espacio Judicial de Interoperatividad y Seguridad. Los sistemas informáticos del Estado y las comunidades podrán operar entre ellos permitiendo a todos los juzgados y tribunales comunicarse entre sí y con la fiscalía.

Se creará también la figura del "juez de adscripción territorial", que permitirá al Poder Judicial atender con jueces profesionales las sustituciones y suplencias. Los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática. La supresión de trámites y recursos, unida a la reforma del proceso penal (jurisdicción que abarca el 70% de los asuntos judiciales) permitirá reducir la litigiosidad, aliviando la carga de trabajo de juzgados y tribunales. La nueva Ley de Mediación y la reforma de la Ley de Arbitraje coadyuvarán a agilizar los tiempos medios de respuesta judicial. El plan prevé también la modernización del Instituto de Toxicología, que dispondrá de nuevas instalaciones.

[La Junta de Andalucía solucionó ayer el conflicto con los agentes judiciales por obligarles a usar los autobuses en vez de taxis para entregar las notificaciones. La Consejería de Justicia acordó una hoja de ruta con el Servicio de Notificaciones y Embargos de Sevilla para contar con cinco taxis que prestarán 520 horas mensuales de servicio y así acceder a las zonas más peligrosas y a la cárcel sevillana, sin ruta de autobús. El acuerdo supone una rebaja del 75% del número de taxis usados].