Los delitos urbanísticos aumentaron durante 2007 en Sevilla y Cádiz

Las memorias 2007 de los fiscales de Medio Ambiente de las diferentes provincias andaluzas se han hecho públicas hoy. De los informes se desprende que en Sevilla y Cádiz continúa la tendencia al alza en materia de delitos urbanísticos, especialmente en esta última provincia donde se han cuadriplicado los casos en esta materia respecto a 2006. En Huelva y Córdoba, en cambio, se han reducido. Pero la mayor parte de los casos cordobeses, el 90%, se han producido en la zona declarada Bien de Interés Cultural de Medina Azahara

En Sevilla la fiscalía denuncia los "espacios de impunidad" en materia de delitos urbanísticos que se producen por la "inacción" de los alcaldes de la provincia. Según el informe, precisamente en esta modalidad de delitos continuó en 2007 la tendencia al alza. En total, la Fiscalía de Medio Ambiente sevillana incoó 63 atestados. Las memorias reprochan con dureza a los Ayuntamiento su pasividad al no denunciar ni actuar contra la contaminación acústica. Pero el fiscal coordinador de este área, Javier Rufino, reconoce que en algunos casos está cambiando la tendencia. Rufino ha destacado que en 2007 los Ayuntamientos denunciaron a la Fiscalía presuntos delitos urbanísticos en el paraje La Indiana de Utrera, el paraje Clarevot de Alcalá de Guadaira y en la zona de El Serafín de La Rinconada.

El fiscal coordinador es especialmente duro con la modalidad de delito ambiental causado por la contaminación acústica, ya que durante 2007 se incoaron diversos procedimientos penales "pero ninguno a instancias de la Administración Local, originariamente encargada de las inspecciones, controles y potestad sancionadora". Asimismo, refleja que se echa en ocasiones en falta disponer de un listado de organismos e instituciones que puedan colaborar en las investigaciones para la emisión de informes o periciales.

El 90% de los casos en Medina Azahara

Por su parte la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba pone de manifiesto que los delitos urbanísticos se redujeron un 42% si bien el 90% de ellos se han producido en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. El informe señala que "aunque a principios de año la actividad de construcción ilegal parecía frenada, en la segunda parte del año se volvió a reactivar y ha motivado, tras la apertura de diligencias de investigación de la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, la apertura de diversas diligencias previas y la celebración de algunos de los correspondientes juicios orales", apunta el informe sobre esta zona de interés.

Según el informe, en 2007 hubo ocho asuntos incoados frente a los 14 que se realizaron en 2006. Apunta además que los delitos relativos a la ordenación del territorio siguen teniendo, como en los últimos años, una importante incidencia en la provincia aunque destaca que ha disminuido el número de porque "se ha intensificado la persecución de las infracciones administrativas". Y también manifiesta que "se está observando un importante cambio de tendencia en algunos jueces y que se han dictado varias sentencias condenatorias para derribar lo ilegalmente construido".

Los vertidos de los buques

En Cádiz la Fiscalía investigó 345 posibles delitos contra la ordenación del territorio en la provincia durante el año 2007. La cifra cuadriplica los 77 casos de 2006. Además, investigó 34 posibles delitos contra el medio ambiente y seis contra el patrimonio histórico. Señala también que "subsiste el problema de la depuración de aguas residuales" y apunta que "se siguen produciendo vertidos desde buques en tránsito o fondeados en la zona del Estrecho de Gibraltar con resultados muy negativos para espacios naturales de gran valor". El informe habla de los delitos contra el patrimonio histórico y recuerda las diligencias abiertas en una Juzgado de la Línea contra la empresa Odyssey.

La Fiscalía de Medio Ambiente de la Huelva incoó y tramitó cinco diligencias informativas en 2007 en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico, lo que representa un gran descenso respecto a 2006, con 22 diligencias. La Fiscalía destaca en sus conclusiones "la necesidad de exigir la colaboración de todas las administraciones implicadas en la Ordenación del Territorio (...) para no hacer llegar a la opinión pública el mensaje de que estamos ante un problema exclusivamente penal, responsabilidad de fiscales y jueces que sólo ahora y ante la presión de la opinión pública actúan".