De la caza de brujas... a la de corruptos

Los expertos internacionales coinciden: la especulación frenética del precio del suelo es la fuente en la que abreva la corrupción urbanística española. Y aunque frenar la especulación es la condición necesaria para desactivar la corrupción, no sería suficiente para lograr una reducción considerable. Lo que ocurre, por otra parte, era previsible.

Hace ahora tres años y medio, el informe bianual del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa acusaba al Gobierno de José María Aznar, después de hacerlo ya en 2001, de ignorar el asunto. "España no tiene una estrategia global y multidisciplinar que implique a diversas autoridades para prevenir mejor, detectar y perseguir los delitos de corrupción", decía el dictamen con fecha 26 de junio de 2003. "No se ha reforzado la Fiscalía Anticorrupción, dotándola de más recursos, destinando fiscales con formación especializada y experiencia en este tipo de delitos. No se ha establecido, al menos, en las grandes ciudades", añadía.

Cardenal, ex fiscal general, se mostró partidario de suprimir Anticorrupción

La reacción del Gobierno a mediados de julio de 2003 corrió a cargo del entonces vicepresidente primero, Mariano Rajoy. "En España se lucha eficazmente contra la corrupción. Ya no es uno de los problemas capitales que tienen planteados los ciudadanos españoles", ejemplificó el vicepresidente en referencia a los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por esas fechas, el 9 de julio de 2003, el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se declaró partidario de suprimir la Fiscalía Anticorrupción. "Como fiscal de carrera y profesión es bueno que los asuntos relacionados con la corrupción se conviertan en competencia de todos los fiscales, aunque existan distintas especialidades. Es una decisión que debe tomar el Gobierno, ya que la Fiscalía Anticorrupción se creó por ley y es necesario una ley para suprimirla", explicó.

Fue en aquella ocasión -en plena ebullición de la trama Tamayo-Sáez que impidió a la izquierda asumir el Gobierno en la Comunidad de Madrid-, decidido el relevo, entre otros de Carlos Jiménez Villarejo como fiscal jefe Anticorrupción, cuando Cardenal habló de Antonio Salinas, fiscal del Tribunal Supremo, que el entonces fiscal general proponía para suceder a Jiménez Villarejo. "Es un hombre", dijo de Salinas, "que ha tenido actuaciones en las que ha puesto de manifiesto una gran personalidad. Fue el único de su sección que votó contra la citación al ministro Josep Piqué por el caso Ercros. Lo digo porque no es algo peyorativo sino muy positivo. El juez le ha dado la razón, ya que archivó el caso". La caza de brujas estaba consumada.

El Gobierno de Aznar, aunque lo sometió a análisis, resolvió mantener la Fiscalía Anticorrupción. Pero los miembros de ese órgano comenzaron a emigrar hacia otros destinos, cuando no a otros países. Algunos de ellos, como Salvador Viada, el segundo de facto de Jiménez Villarejo, eran conservadores de credenciales insospechables. Pero fueron considerados por el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, leales a su jefe y formados en una escuela perniciosa. Lo que estaba en juego, en realidad, era la esencia misma de la Fiscalía Anticorrupción.

El vaciamiento tuvo lugar según había previsto Cardenal. En junio de 2004, tres meses después de asumir los socialistas el Gobierno, Antonio Salinas hizo la radiografía del vaciamiento al presentar la memoria de la Fiscalía Anticorrupción correspondiente a 2003. A su juicio, la Fiscalía General del Estado seguía una "política restrictiva" en relación a que los fiscales adscritos a Anticorrupción lleven la tramitación del día a día en aquellos asuntos que se instruyen en los juzgados del territorio donde se cometieron los delitos. Salinas estimaba "conveniente" contar con fiscales en todas las comunidades autónomas habida cuenta de que entonces sólo existía un delegado en Barcelona y se urgía a nombrar responsables en Valencia, Bilbao y Málaga.

Fue precisamente lo que hizo el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien había coincidido con Salinas en el Tribunal Supremo, donde uno actuaba como magistrado de la poderosa Sala de lo Penal y el otro como fiscal. Las bajas en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid comenzaron a ser cubiertas. Al cabo de dos años se ha formado un equipo de 12 fiscales con tres unidades de apoyo que ya existían: Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Policía Judicial. Y, al tiempo, se designaron, en una primera fase, delegados en Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Granada, Baleares y Barcelona. Más tarde se reforzó la estructura autonómica con un segundo fiscal en Barcelona y en Málaga y el nombramiento de fiscales en Valencia, Murcia, Cádiz y Sevilla. Se calcula que directa e indirectamente unos 500 profesionales sostienen los trabajos de investigación, que ahora, tras modificaciones en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pueden desarrollarse en plazos más largos.

El nuevo informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) correspondiente a 2005, ya reconoce el viraje provocado por los mayores medios aportados por el Estado español en el marco de una nueva estrategia, en la que se ha incluido la ratificación del tratado contra la corrupción del Consejo de Europa, asignatura pendiente del Gobierno de Aznar.

"Se ha aplicado la ley que creó la Fiscalía Anticorrupción. Eso es todo. Y, entonces, todas aquellas pistas que olisqueábamos en nuestros días y que por falta de medios no podíamos investigar han podido aflorar. En mis días sólo se podían indagar las querellas o denuncias del PP, pero no aquellas que presentaba el PSOE. El caso más espectacular, sin duda, fue el que impidió a la izquierda asumir el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003", dijo a EL PAÍS Carlos Jiménez Villarejo, el hombre que puso la piedra fundamental y los cimientos básicos de esa fiscalía a partir de su puesta en marcha, en 1996.