Del 'caso Gürtel' a la Operación Campeón

El exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado de la trama Gürtel Ignacio Peláez es el jurista que ahora asesora y defiende al empresario farmacéutico que acusa al ministro de Fomento, José Blanco, de haber recibido una comisión de 400.000 euros a cambio de supuestos favores ante el Ministerio de Sanidad que nunca se materializaron.

La actividad jurídica de este exfiscal en el caso Gürtel ha sido intensa. Y no se ha ceñido solo a la defensa del empresario leonés José Luis Ulibarri, uno de los principales implicados en la trama corrupta por supuestos pagos de comisiones ilegales. El afán de Peláez ha sido segar la carrera del juez Baltasar Garzón. Peláez es el autor de la querella contra Garzón ante el Tribunal Supremo por las escuchas en la cárcel que decretó el magistrado entre los jefes de la red y sus letrados.

Peláez presentó una de las querellas por las que está imputado Garzón

Garzón y la policía tenían la certeza de que los cabecillas de Gürtel, en connivencia con algunos de sus letrados, estaban ayudando a la red a ocultar dinero en el extranjero. Por eso ordenó pinchar los teléfonos, para frenar la huida de capitales. Una de las grabaciones afectó a Peláez, que se querelló contra Garzón y logró abrirle una de las tres causas que hay en el Supremo contra el exjuez de la Audiencia Nacional, por la que está imputado.

Peláez disparó contra todo y todos. En su diana también puso, aunque sin éxito, a las fiscales Anticorrupción que investigaban Gürtel, Myriam Segura y Concepción Sabadell, por avalar la intervención de esas comunicaciones. Y, según él, por ocultar una prueba para la defensa del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps en el asunto de los trajes. La prueba era un pasaje de la conversación que mantuvo en la cárcel Peláez con el número dos de Gürtel, el exsecretario del PP de Galicia Pablo Crespo. Aquel 6 de marzo de 2009 la policía tenía la convicción de que tanto los internos como sus letrados sabían que sus conversaciones estaban siendo grabadas. Peláez ni siquiera era el abogado de Crespo cuando éste dejó caer que el presidente valenciano se pagó sus trajes. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto", comentó Crespo ante Peláez en defensa de Camps. Por entonces, El PAÍS había avanzado que entre los implicados en Gürtel estaba el entonces presidente valenciano. Peláez también se entrevistó en la cárcel con Correa, aunque la defensa de este último la asumió finalmente el también abogado y exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, adscrito al círculo de amistades del exfiscal que ahora asesora al empresario Jorge Dorribo en su acusación contra José Blanco de recibir dinero, a través de un primo, a cambio de hacerle supuestas gestiones ante el Ministerio de Sanidad.

En Gürtel, Peláez no se ha limitado a defender a Ulibarri, imputado en delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Da la impresión de ser abogado general de la causa. Su empeño en desacreditar a los investigadores le ha llevado incluso a defender públicamente, pese a no ser su abogado, a Camps: "Yo creo que si se hizo los trajes, los habrá pagado", declaró en la cadena Cope en octubre de 2009. Camps está pendiente de un juicio en Valencia por cohecho pasivo al haber aceptado trajes de la red Gürtel valorados en unos 14.000 euros. Camps siempre señaló, aunque al final con matices, que él se pagaba sus trajes. La misma versión que también desde el principio reiteró otro de los beneficiarios de los trajes de la red Gürtel, el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo del Gobierno valenciano Rafael Betoret. El pasado verano, Betoret cambio de táctica y acabó reconociendo ante los jueces de Valencia que los trajes se los había regalado la red Gürtel. Con su confesión ha eludido compartir banquillo con Camps, si bien ya ha recaído sobre él una sentencia condenatoria firme por cohecho impropio. El abogado de Betoret también es Ignacio Peláez. Este exfiscal estuvo envuelto en 2006 en un turbio asunto (llegó a estar imputado) en relación con la elaboración de una falsa carta que sirvió a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, para querellarse contra exsocios suyos en los solares de las Torres KIO. Finalmente fue absuelto. Su abogado en aquella causa fue Choclán, el actual abogado del jefe de la red Gürtel.

Ayer, tras ser contactado por EL PAÍS, se limitó a subrayar que el caso estaba bajo secreto de sumario y que él y su cliente son muy respetuosos con esas cosas.