El 'caso Brugal' revela el uso de información privilegiada en Alicante

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo.

Ortiz: "Es un disparate, hablamos de 20.000 millones de pesetas"

El jueves se levantó el secreto de sumario del caso. Y queda ahora claro que, según la policía y el fiscal Anticorrupción, que acusa a los políticos y al empresario de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información, Ortiz se valió de información privilegiada para conseguir su propósito de moldear la redacción del PGOU a su interés personal. Una información facilitada por Castedo y por Díaz Alperi. En las conversaciones Castedo habla sin tapujos de los intereses de Ortiz en la ciudad. "Te hemos apañado lo del Hércules", le dice al empresario sobre la recalificación del estadio Rico Pérez. Y cuando el promotor le pide información sobre el futuro PGOU -"me tienes que enseñar el planito"-, la edil le contesta: "Mañana te lo llevo". La investigación sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó urbanistas, funcionarios y varias mercantiles.

Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano.

Uno de los mecanismos mediante los cuales el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la compra de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parque natural, para luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a zonas urbanizables. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones.

En las conversaciones también se revela el pacto entre la alcaldesa y el promotor para buscar material que pudiera implicar en alguna irregularidad al portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, alcalde de Alicante de 1991 a 1995 y principal azote del PP por el caso Gürtel la pasada legislatura. De hecho, el PP denunció en septiembre de 2010 que Ortiz le pagó unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que pidió su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. Este es un extracto de la charla:

Sonia Castedo. ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz. No.

S. C. ¡La pagaste tú!

O. A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C. Me van a dar la factura.

O. No, no tiene factura nuestra, no.

S. C. No es vuestra.

O. (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente, puede ser, pero no.