La aversión de Camps al jurado valenciano

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha intentado evitar por todos los medios sentarse en el banquillo de los acusados ante un jurado formado por nueve vecinos de Valencia. Para lograrlo, el expresidente estaba dispuesto, incluso, a ser juzgado por un jurado formado por ciudadanos de Madrid. Su intento, sin embargo, no ha tenido éxito. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha rechazado hoy la última herramienta jurídica que Camps tenía a su disposición: el recurso de queja, que da a las partes la posibilidad de que un órgano judicial superior revise la decisión de un juez de no aceptar a trámite un recurso.

Es lo que ocurrió, a finales de octubre, en la causa de los trajes. El expresidente, acusado de aceptar dádivas de la trama Gürtel, recurrió ante el magistrado Juan Climent su decisión de no aceptar que el procedimiento fuese trasladado al Tribunal Supremo. El juez le respondió que el tiempo de los recursos se había agotado y que no tramitaría la petición. Camps presentó la queja ante la Sala Civil y Penal, que hoy ha respaldado el criterio de Climent.

¿A qué responde el empeño del expresidente? La táctica de interponer todo tipo de recursos (en muchas ocasiones hasta tres por el mismo motivo) permitió a Camps presentarse a las últimas elecciones autonómicas sin haberse sentado en el banquillo. Y le ha servido para que el juicio, señalado para el 12 de diciembre, se celebre pasadas las elecciones generales del 20-N.

Un vez señalado el juicio para febrero, no existían motivos táctico electorales para continuar presentando recursos que, además, no tenían efectos suspensivos, es decir, no demoraban más la causa. La explicación para que el expresidente continuara recurriendo, señalan fuentes jurídicas, ya no era la fecha sino el lugar de celebración del juicio.

Camps, que siempre había negado haber aceptado regalos de la trama corrupta, matizó en verano su línea de defensa. Alegó entonces que, de haber cometido el delito de cohecho pasivo impropio del que está acusado, habría sido en Madrid. Eso implicaría, en aplicación del Estatuto de Autonomía valenciano, que el expresidente y aún diputado autonómico debería ser juzgado en el Tribunal Supremo.

Pero como la ley establece que el delito del que está acusado debe ser juzgado en todo caso por un jurado de la provincia donde se celebre el juicio, la consecuencia hubiera sido que Camps se habría sentado en el banquillo ante un jurado de ciudadanos de Madrid (presididos por un magistrado del Supremo) en lugar de ante un jurado de ciudadanos de Valencia (presididos por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia).

Es decir, Camps no quería un jurado valenciano, a pesar de que la ley exige que para que sea declarado culpable voten en ese sentido siete de los nueve miembros del tribunal. Y a pesar de que lo integrarán vecinos de una provincia que lleva siendo un granero electoral del PP desde hace 16 años.