Las autonomías del PP se oponen pero toman el dinero

Nadie se muestra satisfecho sobre el futuro modelo de financiación autonómica pero, previsiblemente, todas las comunidades aceptarán los millones de euros que les asigne el Gobierno central. Máxime cuando la aportación del Estado empezó por 8.000 millones de euros adicionales a la cifra que reciben actualmente, aumentó a 9.000 millones y, ahora, ha subido casi hasta 11.000 millones, según reconocen fuentes gubernamentales.

Ahora bien, las comunidades del PP votarán en contra o se abstendrán, aún no lo han decidido, cuando la próxima semana se reúna Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el modelo y las cifras. Unas rechazan lo primero y otras las cantidades que van a tener, a pesar de que anoche aún no las conocían con exactitud.

Los presidentes del PSOE callan, pero reconocen su inquietud

El Gobierno insiste en que convocará a las comunidades el próximo día 15

Lo relevante es que ese voto demostrará el rechazo político de estas comunidades pero no impedirá que acepten el dinero en un trámite posterior. Este será cuando el Estado se reúna bilateralmente con las autonomías a través de las comisiones de transferencias.

De esta manera, la dirección del PP no queda desautorizada ya que su rechazo a la financiación autonómica del Gobierno socialista se ve correspondida por sus comunidades. Éstas justificarán la aceptación de los recursos que les da el Estado como mal menor dada la imperiosa necesidad de dinero para sufragar sus servicios. A este respecto, el responsable de Economía del PP, Cristobal Montoro se mostró ayer comprensivo con la previsible actitud de sus autonomías aunque no ahorró descalificaciones al Gobierno.

Primero, por no haber llamado a negociar al PP y haber establecido toda la negociación sólo con las comunidades autónomas. Esta decisión del Gobierno "determinará absolutamente" el voto del Grupo Parlamento Popular cuando este acuerdo tenga que ser refrendado en el Congreso. El PP votará en contra.

Por otro lado, Montoro consideró que en una situación de recesión económica el Gobierno no debería haber hecho otro modelo sino mantener el actual, con las correciones oportunas. Precisamente este dirigente del PP negoció el modelo vigente como ministro de Economía del Gobierno de José María Aznar.

La inquietud de las autonomías socialistas es un hecho por las mismas razones que esgrimen sus adversarios políticos del PP. Temen que las cifras no cubran sus expectativas y que el modelo no garantice la suficiencia económica para los próximos años. Pero después de algunas declaraciones críticas, los socialistas ayer prefirieron esperar a tener todos los datos en la mano antes de opinar.

Este es el caso de Baleares, Extremadura, Asturias y Aragón. Los presidentes de estas comunidades llegan incluso a poner en duda su firma a favor de la nueva financiación, aunque desde el Gobierno y la dirección del PSOE no creen que sus presidentes puedan hacer algo así, cuando todas mejorarán, según se esforzaron ayer en explicar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Mientras ellos hacían estas consideraciones, la vicepresidenta segunda y encargada de esta tarea, Elena Salgado, y su equipo trabajaban en las decenas de páginas que contendrán el nuevo modelo autonómico.

Durante todo el día los presidentes autonómicos aguardaban noticias pero a las diez de la noche aún no habían llegado. El consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, a falta de cifras oficiales hacía sus propios cálculos y confiaba en que Madrid se aproximara a Cataluña. "Si Cataluña recibirá 3.000 millones, obviamente, nuestra cifra tiene que ser muy parecida", explicaron fuentes de la consejería de Economía, informa Daniel Verdú.

Las reivindicaciones principales del Gobierno de Esperanza Aguirre son que se tengan en cuenta el aumento de población de la región (6,4 millones de habitantes), que no disminuya la cantidad asignada en años sucesivos y que se mantenga la actual financiación per cápita, que hoy es de unos 2.100 euros.

Desde Valencia, también gobernada por el PP, el consejero de Economía, Gerardo Camps, además de quejarse como todos, de la ausencia de información, subió su petición de 1.400 a 1.900 millones de euros, siempre sobre la base de que a Catalúña se le han ofrecido 3.100 millones de euros.

Entre las comunidades del PP, quizá el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, era el más enfadado. Tiene la sospecha de que no le van a ofrecer el 7,1% que ahora tiene. "Si Galicia desciende respecto de lo que ahora tiene, yo no firmaré", advirtió Feijoó.

A pesar de las amenazas y las advertencias, Zapatero se mostró ayer seguro de que el acuerdo "está muy cerca", por lo que mantiene la fecha del 15 de julio para cerrarlo. Salgado trabaja para convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano mixto de Gobierno y comunidades autónomas, que aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica.

Zapatero, desde la cumbre del G-8 en Italia, recordó a las autonomías que dispondrán de más recursos para gestionar sus servicios públicos, el reparto será más equitativo y se reducirán las distancias entre autonomías en financiación per capita. "Todas ganan", aseguró tras recordar que en educación y sanidad gastan el 70% de sus presupuestos.