Se aprueba el reglamento de acceso a la abogacía, "una legislación demandada desde hace 100 años"

La semana en la que los abogados de oficio de la Comunidad de Madrid han convocado su primera huelga de la historia termina con una buena noticia para el gremio. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento que desarrolla la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, cinco años después de la promulgación de dicha disposición.

Atrás han quedado las reticencias de las Universidades o del Consejo de Estado que el pasado mes de febrero criticó el borrador de la disposición. Si todo transcurre conforme lo previsto a partir del 30 de octubre de 2011, cuando entrará en vigor el reglamento, los estudiantes de la carrera de Derecho deberán superar un máster, unas prácticas (incluidas en ese curso de posgrado) y un examen para poder ejercer y ser llamados abogados.

"Tenemos que empezar a concienciarnos que de que el posgrado sirve para formar abogados no para aprobar un examen"

"El Consejo General de la Abogacióa reclama a las Administraciones Públicas el respeto y consideración que se merece el trabajo de los abogados de oficio que están dispuestos las 24 horas del día a cambio de minutas muy bajas"

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha puesto todo su empeño en hacer posible la aprobación del nuevo reglamento, del que todavía quedan muchos detalles por afinar.

Pregunta: Tras los cinco años de vacatio legis [periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor] de la Ley 34/2006 de Acceso a la Abogacía y Procura, la aprobación del reglamento es vital para su ejecución

Respuesta: Se trata de una legislación demandada desde hace 100 años por la abogacía. La ley está aprobada desde hace cinco años pero, claro, sin reglamento no se podía aplicar.

P: Una de las novedades de la nueva regulación es la obligación de cursar un máster o un posgrado ¿Están ya concretados sus contenidos, se sabe en qué van a consistir?

R: El propio reglamento establece que urge desarrollar pruebas piloto para poner en marcha los programas de formación que todavía tienen que ser tramitados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y Educación. Lo que se aprueba no es una preparación exhaustiva para el ejercicio de la abogacía, pero sí una formación básica y suficiente para que los derechos fundamentales y las libertades públicas estén salvaguardados con la intervención de los abogados.

P: ¿Y cuándo empezarán a impartirse los cursos de posgrado?

R: A partir de mañana las escuelas de práctica jurídica y facultades de Derecho se pondrán inmediatamente a trabajar para diseñar el plan de estudios. Se intentará que este próximo curso se practique ya la nueva formación.

P: Entonces el primer examen se realizaría...

R: En 2012. He leído que íbamos a estar dos años sin abogados, pero eso no va a ser así.

P: Sin embargo, los que terminen la carrera este curso no estarán obligados a realizar el posgrado ni a examinarse después.

R: A los alumnos que terminen este año la formación no les será aplicable la ley aunque sería muy provechoso para el futuro abogado que hiciera la formación de posgrado voluntariamente porque va a asistir a un sistema privilegiado de adquisición de conocimientos para el ejercicio profesional. De hecho, la mayoría de los que terminan la carrera no se colegia inmediatamente sino que se prepara para el ejercicio profesional durante unos años en las escuelas de práctica jurídica de los colegios de abogados, en despachos, con cursos en ocasiones muy casos... El reglamento hace obligatoria esa fase pero crea un sistema de becas que garantice que todos los futuros abogados y abogadas puedan acceder a esa formación.

P: Y en esa formación entra también la realización de prácticas, no solo en despachos de abogados, sino en juzgados, administraciones públicas... ¿Se han decidido ya con base a qué criterios se asignará a cada estudiante a un destino? Esa era una de las cuestiones que más preocupaban a los alumnos cuando se aprobó la Ley en 2006...

R: No puedo precisar cómo se hará, pero entiendo que se intentará que el alumno tenga el mayor grado de aprovechamiento. Lo que sí que he de recalcar es que nosotros hubiéramos preferido que las prácticas se hubieran realizado al final del curso de postgrado y no durante el mismo para que se pudiera asimilar los conocimientos teórico prácticos y llevarlos a la práctica mejor.

P: La realización de los máster corre a caro de las propias Universidades y de las escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios Profesionales, ¿no se corre el riesgo de que con tanta competencia, para atraer al alumnado en lugar de centrarse en la formación, los esfuerzos se dirijan a prepararlos para aprobar el examen?

R: El máster o el posgrado es una preparación eminentemente práctica para enseñar a ejercer bien la profesión. Tenemos que empezar a concienciarnos que de que sirve para formar abogados no para aprobar un examen.

P: Si se necesita un curso eminentemente práctico y un examen para ser abogado, ¿de qué sirve estudiar cuatro años de Derecho?

R: (Risas). Eso tendría que preguntárselo a las facultades. Dejémoslo en que el Plan Bolonia cambia las cosas.

Huelga de abogados de oficio

P: Una de las muchas funciones de las que se encarga un abogado es la del turno de oficio. La mayoría de las comunidades autónomas adeudan a los profesionales los salarios por ejercer el derecho constitucional a la defensa. En Andalucía y Canarias se han llegado a acuerdos de última hora para evitar huelgas, algo que no ha ocurrido en Madrid, donde el Colegio de Abogados lleva desde el miércoles en huelga. ¿Qué está haciendo el Consejo de la Abogacía al respecto?

R: Sacamos comunicados continuamente [el último el pasado 20 de mayo] en apoyo del Colegio de Madrid y reclamando a las Administraciones Públicas el respeto y consideración que se merece el trabajo de unos compañeros que están dispuestos las 24 horas del día a cambio de minutas muy bajas.

P: De hecho en Madrid no se actualizan desde 2003.

R: Estamos deseando que acabe la crisis. Creemos que es un abuso que no se pague a los abogados de oficio cuando en las encuestas están considerados como el servicio más valorado.