Cinco años de chapapote judicial

No hay culpables cinco años después. Las playas, mal que bien, se han recuperado; el sector pesquero respira y la imagen de los voluntarios vestidos de blanco y manchados de negro, rascando el fuel de las rocas, es historia. Pero el capitán Apostolos Mangouras sigue esperando, en su Grecia natal, que la justicia española le dé fecha para sentarse en el banquillo. También espera José Luis López Sors, ex alto cargo del Gobierno del PP. Son los dos principales imputados en un caso, el del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas en 2002, que lleva un lustro atascado en un pequeño juzgado de A Coruña y que pretende aclarar las responsabilidades por la mayor catástrofe ecológica de la historia de España.

La instrucción ha pasado por las manos de ocho jueces distintos

La Abogacía del Estado defenderá al ex alto cargo del PP imputado

"Debemos hacer una reflexión: está claro que el sistema se equivocó. No puede ser que un caso de esta envergadura, con miles de afectados y cientos de trámites, recaiga en el modestísimo juzgado de Corcubión. Ahora ya no se puede hacer nada, pero no tiene sentido que no se elevara a la Audiencia Nacional en su día. Al juzgado de Corcubión le han estallado literalmente las costuras con el caso Prestige", se lamenta Joaquín de Fuentes, Abogado General del Estado (representante del Gobierno en la causa). Él ya no se atreve a poner fecha al juicio. "Lo lógico sería que en verano de 2008 estuviera terminada la instrucción y que el juicio fuera ese mismo año. Pero no sé...".

Su incertidumbre tiene un motivo: hoy se cumplen cinco años de la catástrofe y ya son ocho los jueces que han desfilado por el juzgado de Corcubión y se han ido pasando el caso Prestige como en una carrera de relevos, sin que ninguno logre concluir el trabajo antes de partir a otro destino. "Cada vez que llega un juez nuevo tiene que ponerse al día con el caso y todo se retrasa otra vez. ¡Es muy frustrante!", suspira Manuel Rivero, subdirector general de lo Contencioso.

El Prestige era un buque propiedad de una empresa de Liberia que navegaba con bandera de Bahamas, dirigido por un capitán griego, con tripulación rumana y filipina, construido en Japón y explotado por una firma griega. Iba cargado con 77.000 toneladas de petróleo cuando sufrió una grieta en el casco en la tarde del 13 de noviembre de 2002. Seis días después se partía definitivamente en dos, hundiéndose a 250 kilómetros de las playas de Galicia.

La tesis de los responsables del petrolero es que una gran ola o un contenedor semisumergido chocó contra el Prestige y abrió una vía de agua. Y que después el Gobierno español gestionó mal el problema y provocó el hundimiento. La Abogacía del Estado -cuyo criterio no se modificó con el cambio de gobierno en 2004- sostiene que no hubo ni ola gigante ni objeto ninguno que chocara contra el Prestige. Y que alejar el barco herido a alta mar fue una buena idea.

"El buque colapsó por un fallo estructural que, además, ellos conocían. La certificadora ABS sabía que ese barco no estaba en condiciones de navegar, y aun así hizo un informe favorable. Aquello era una bomba, y acercar una bomba podría haber dado lugar a un problema mayor", afirma Joaquín de Fuentes. Y Rivero añade: "En la gestión política del día después, si Álvarez-Cascos [ministro de Fomento en esa fecha] estaba cazando o lo que fuera, ya no nos metemos porque eso lo juzgan los españoles en las urnas".

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno del PSOE, defenderá, por tanto, en el juicio a López Sors, director de la Marina Mercante con el PP. "La Abogacía del Estado representa a los cargos públicos. Pero si no estuviésemos seguros de su inocencia podríamos simplemente no actuar: no acusar, pero tampoco defender. En este caso creemos que la actuación de López Sors fue correcta", subraya De Fuentes. La decisión de alejar el Prestige de la costa fue objeto de duras críticas hace cinco años por parte del PSOE.

Lo que para la Abogacía fue "una actuación correcta" es tachado de "puro disparate" por Pedro Trepat, abogado de Nunca Máis, que ejerce la acción popular. "Había un temporal, la decisión de alejar un barco así de tocado fue descabellada. Por eso nosotros ampliamos la imputación a López Sors: el Gobierno del PP amplificó los daños por su error garrafal, y eso debe quedar claro para que nunca más vuelva a ocurrir", señala.

En este momento están pendientes dos pruebas periciales, según explica el fiscal del caso, Álvaro García Ortiz (que aún no ha precisado a quién acusará): una sobre el estado del buque antes, durante y después de la crisis y otra sobre el comportamiento del capitán Mangouras. El juzgado ha tramitado 28 comisiones de auxilio judicial enviadas a diez países, lo que da idea de la complejidad del caso. Francia, también afectada por el vertido, ha cedido su jurisdicción para que sea España la que juzgue todo el caso Prestige.

Y, mientras en Corcubión se ve la parte penal del caso, en un juzgado de Nueva York se dilucida, por lo civil, la que puede ser la madre del cordero: el Estado español mantiene un pleito contra la certificadora ABS en el que pide 1.000 millones de dólares por los perjuicios causados. "En materia de barcos, lo que diga un certificador va a misa. ABS dijo que el Prestige estaba en condiciones de navegar y no lo estaba. No fue negligencia, fue algo peor", afirma el Abogado del Estado. El juicio de Nueva York saldrá antes -"con seguridad, en 2008"-, y podría dar pistas que ayudaran en Corcubión.

De Fuentes coincide en algo con el abogado Trepat: "Nuestro objetivo no puede ser que un octogenario como Mangouras acabe en la cárcel. Eso es lo de menos. Aquí se trata de explicar bien qué pasó, por qué y quién podía haberlo evitado".

Quinto aniversario de la catástrofe del 'Prestige'