Un agujero de seguridad que el juicio no puede tapar

Si todo se desarrolla conforme a lo previsto, el juicio contra Roberto Flórez quedará visto para sentencia mañana, una vez declare el último de los peritos -un agente del CNI que debe corroborar el carácter secreto de la documentación que guardaba el ex espía en su domicilio y en un despacho particular- y que las partes eleven a definitivas sus conclusiones. El fiscal pide 12 años de cárcel por un delito de traición, mientras que el abogado del Estado plantea además, como alternativa, el de revelación de secretos, castigado con sólo cuatro años.

El juicio contra Flórez no es el primero que se celebra por traición, pero su condena, de producirse, sí sería la primera. Al menos, tal como la define el artículo 584 del Código Penal.

El ex director Saiz no se esforzó en desmontar la coartada de Flórez

La causa no entra en averiguar cómo consiguió el espía la documentación

Aunque su abogado, Manuel Ollé, reclama la absolución, ni siquiera el propio Flórez niega que se llevara a casa documentación del CNI, aunque sostiene que lo hacía para adelantar trabajo de una monografía que le habían encargado. Las cartas en las que ofrecía, por ejemplo, la lista de todos los agentes del servicio secreto español por orden alfabético a cambio de 200.000 dólares son, según su versión, un "anexo" para dicha monografía. Puede que la coartada de Flórez no resulte muy convincente, pero a su defensor le basta con sembrar la duda. El ex director del centro Alberto Saiz, que en su declaración ni siquiera citó a Rusia como beneficiaria de la supuesta traición, no se esforzó en desmontarla.

Las misivas de Flórez, el "supuesto práctico" como él las denominó, eran de un gran realismo. Los informes que ofrecía se corresponden con documentos reales y su destinatario, Petr Melnikov, era el representante del servicio exterior ruso en la Embajada en Madrid, acreditado como tal ante el CNI. Lo único que no era verdad era su presentación: "Soy un directivo del Cesid que tiene interés en comunicarle su disposición a colaborar con el servicio y el país al que usted representa", decía. Pero Flórez no era ningún directivo, sino un simple cabo de la Guardia Civil.

Por eso sorprende más que pudiera tener acceso la mayor parte de la información que manejaba: incluida la "lista de agentes dobles en la delegación del GRU y del SVR en España" o el "informe sobre delegaciones del CNI en el exterior".

A pesar de celebrarse a puerta cerrada, el juicio ha dejado en evidencia que el CNI tuvo un enorme agujero de seguridad, por el que salieron cajas enteras de información secreta. Una mera ojeada a la relación documentos incautados a Flórez muestra que estos abarcan un periodo de cinco años, desde 1999 a 2003. La explicación, según el abogado del Estado, es que el acusado "se fue apoderando de documentación e información clasificada como secreta durante años". Lo que no explica es por qué nadie se percató de ello. Ni quién es el responsable.