Los 'abertzales' piden cambios al Gobierno a pesar del silencio de ETA

La izquierda abertzale y gran parte del nacionalismo más soberanista exhibieron músculo ayer con decenas de miles de personas marchando por las calles de Bilbao para exigir al Gobierno un cambio de política penitenciaria a pesar del silencio de ETA. Lo más destacable del acto, que transcurrió bajo el lema "Demos un paso adelante. Con todos sus derechos los presos políticos vascos al País Vasco", fue probablemente lo que no se dijo, teniendo en cuenta las expectativas creadas en semanas anteriores sobre la inminente llegada de un comunicado de la banda. Tal vez se esperaba que el acto sirviera como punto y aparte simbólico en el que Batasuna daría un paso más en su aparente desmarque de la violencia. No fue así.

El discurso de los organizadores, así como las declaraciones de los políticos de EA, Aralar y Batasuna que asistieron a la marcha se parecía demasiado a los de años anteriores. No hubo en ningún momento una interpelación a ETA para exigir que dé una respuesta afirmativa a la Declaración de Gernika, que reclama a la banda un alto el fuego unilateral como primer paso antes de dejar para siempre la violencia. "Hoy no tocaba", explicaron fuentes de la izquierda abertzale tras la convocatoria, que resaltaron que la de ayer es una protesta en favor de los derechos de los presos de la banda, como la que se celebra todos los años, y que esta no debía verse condicionada por la situación actual.

Solo la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, hizo declaraciones a los medios por parte de la izquierda abertzale. Felicitó "a la sociedad vasca" por su "muestra de solidaridad" y exigió el acercamiento de los presos de ETA para que los reclusos participen "en el proceso democrático" que "se debe desarrollar" porque son "parte de la solución". La edil de la ilegalizada ANV no quiso responder a preguntas, como casi todos los políticos presentes, teniendo en cuenta que el reloj sigue corriendo, ETA sigue sin acatar el mandato de sus bases y Batasuna tiene hasta finales de enero para presentar una nueva formación con la que intentaría cumplir la legalidad para presentarse en los comicios municipales y forales de mayo. El día anterior a la protesta, otra portavoz de la izquierda independentista ilegalizada, Miren Legorburu, reivindicó que si los estatutos de la nueva formación cumplen la Ley de partidos, su participación en los comicios no debería verse "condicionada por lo que puedan hacer o dejar de hacer otros agentes". El Gobierno hasta ahora ha mantenido con firmeza su discurso de votos o bombas: o ETA anuncia su disolución, o Batasuna tendrá que romper de forma inequívoca con la banda para poder estar en las instituciones.

Las declaraciones de los miembros del colectivo de familiares de presos Etxerat, que ha suscrito la Declaración de Gernika junto a EA, Aralar y otras organizaciones nacionalistas, se dirigieron exclusivamente al Ejecutivo, omitiendo los puntos que piden a ETA que demuestre su voluntad de cese definitivo de la violencia. Los portavoces del colectivo exigieron "el fin de la conculcación de los derechos de los presos vascos" y criticaron "la utilización" de los reclusos y "el chantaje" que supuestamente realiza el Gobierno al exigirles que se desmarquen definitivamente de la violencia para ser acercados a cárceles del País Vasco.

También pidieron a los manifestantes que "llenen las calles de solidaridad" con los presos de la banda para conseguir que se resuelva "el conflicto". No faltaron comparaciones con las torturas de Estados Unidos en la cárcel de Abu Graib en Irak o las largas huelgas de hambre de los presos del IRA.

Solo el secretario general de EA, Pello Urizar, se animó a responder a preguntas sobre el comunicado. "Marcar fechas es peligroso porque puede llevar a la desilusión", explicó el líder de la formación que ha tejido una alianza estratégica con Batasuna e insiste en que la izquierda nacionalista ilegalizada seguirá dando pasos hacia las vías exclusivamente pacíficas. El líder de Aralar, Patxi Zabaleta, se limitó por su parte a exigir al Ejecutivo "una política penitenciaria que respete los derechos humanos y busque la reinserción".