Zapatero exige a Rajoy lealtad para no alarmar con las cuentas autonómicas

En plena crisis por el traspaso de poderes en Castilla-La Mancha, y solo 24 horas después de que la mano derecha de Dolores de Cospedal en esa comunidad, el secretario general del PP Vicente Tirado, hablara de "quiebra total", el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió que debía actuar cuanto antes. Cogió el teléfono y llamó el pasado domingo al líder del PP, Mariano Rajoy, para intercambiar impresiones sobre los problemas de las cuentas autonómicas. Era la primera vez que hablaban después del desastre electoral del PSOE el 22 de mayo, que implica que el PP controlará ahora casi todo el poder territorial en España.

Zapatero trasladó a Rajoy su preocupación por lo sucedido el viernes en Castilla-La Mancha. Ese día, Tirado había llegado a asegurar, en rueda de prensa, que la Junta incluso carecía de fondos para pagar las nóminas del mes siguiente a los 76.000 empleados públicos. Zapatero pidió a Rajoy "responsabilidad, seriedad y prudencia" y le advirtió del riesgo que ese tipo de declaraciones comportaban para la imagen de la economía de España en el exterior y, concretamente, en los mercados internacionales, que la siguen observando con cierta inquietud.

El líder del PP reclamó la reunión del Consejo de Política Fiscal

El presidente ya preveía convocarlo en julio, tras las tomas de posesión

El presidente del Gobierno también señaló al líder de la oposición que aunque se había desbocado algo el déficit de las comunidades autónomas, según la última evaluación, estaba convencido de que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya estaba previsto celebrar en julio, las cuentas se embridarán y se cumplirá el compromiso de déficit del 6%. Le precisó que, en todo caso, no había que exagerar con las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, que en el conjunto de España representan un porcentaje muy escaso.

La deuda total de esta región varía entre los 5.000 millones que admite el Gobierno socialista y los 7.000 que estima el PP. En torno al 1,7% del PIB, medio punto más que el año anterior. La deuda con proveedores fluctúa entre los 416 millones que concede el Gobierno de Barreda y los 2.000 que presume el PP.

Zapatero también aprovechó la charla con Rajoy para informarle del adelanto de la fecha del debate sobre el estado de la nación a la última semana de junio. En principio, estaba previsto para la segunda semana de julio.

Rajoy se comprometió a responder con lealtad. A pesar de lo que indica la apariencia en público, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablan con bastante frecuencia sobre distintos asuntos. En todo este tiempo, y a pesar del enfrentamiento político, ambos han mantenido incluso una buena relación personal. Lo que se ha deteriorado mucho con la crisis es el respeto intelectual entre ambos. No se lo tienen, y eso, junto a la dinámica política española, con una especie de campaña electoral permanente, ha dificultado el ambiente para grandes pactos.

Según fuentes del PP, Rajoy trasladó a su vez al presidente su enorme preocupación por la caída de ingresos fiscales de los primeros meses del año, a pesar de lo cual el PP mantiene su idea de que no hay que subir ningún impuesto, en contra de lo que propone Bruselas y de lo que han hecho muchos países europeos en crisis. Rajoy le reclamó la necesidad de convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, controlado por el Gobierno pero con mayor presencia que nunca de consejeros de Hacienda del PP, para analizar cómo hacer frente a la crisis de las cuentas autonómicas. El Gobierno ya tenía previsto convocarlo en julio, en cuanto tomen posesión los nuevos Gobiernos, le respondió Zapatero.

Rajoy le planteó que todas esas ideas las iba a comunicar al día siguiente ante la Junta Directiva Nacional, en la que pidió hablar a "calzón quitado" de los problemas y prometió a cambio la "lealtad" del PP.

Esa conversación entre Zapatero y Rajoy no fue suficiente para calmar las aguas. El PP ha mantenido estos días su denuncia sobre la situación de las cuentas públicas autonómicas y ha registrado en el Congreso una proposición en la que pide que se aclaren, basándose en el caso del traspaso de poderes en Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, envió una carta a Cospedal en la que denuncia el daño que las alarmas del PP están causando a su comunidad.

Ante la oleada de declaraciones, cada vez más escandalosas, algunas reproducidas por los medios internacionales, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, telefoneó el martes a Rajoy, según comentó ayer en los pasillos del Congreso, para subrayar las advertencias que había transmitido Zapatero, pero con más vehemencia aún.

La ministra reclamó a Rajoy que rebajase el tono de las críticas de su partido y disipara las dudas que estaba planteando sobre las cuentas, porque podían afectar a la credibilidad exterior de España en un momento delicado. Insistió a Rajoy en que el Gobierno ha sido "transparente", sus cuentas públicas están bien auditadas, tienen "credibilidad" y, por tanto, el PP está abriendo un debate innecesario. Se lamentó de tener que dedicar tiempo a explicar que las cuentas públicas están claras en vez de dedicarlo a otras tareas.

Por la noche, Salgado aportó más explicaciones en la Cadena SER sobre su llamada a Rajoy: "Leí unas declaraciones suyas donde decía que iba a ofrecer al Gobierno una colaboración leal para reducir el déficit. Le llamé para explicarle cómo seguimos los datos de cada una de las comunidades autónomas porque me parecía que se estaban sacando las cosas de quicio por una declaración que hizo una persona en Castilla-La Mancha, que me da la impresión que no sabe qué es el déficit, ni el sistema de financiación autonómica. Sin embargo, el PP ha dejado crecer y ha alimentado esa polémica sin haber visto ni un dato".